El sábado por la noche, cuando se cumplen cuarenta días desde el incendio en una cárcel hondureña en el que murieron 361 reclusos, cientos de familiares de las víctimas protestaron frente al penal, exigiendo que el estado asuma su responsabilidad en lo sucedido y que una comisión internacional se haga cargo de la investigación.

Tras manifestarse por la ciudad de Comayagua portando velas, cruces y retratos de los fallecidos, en la puerta de la cárcel se vivieron momentos de tensión mientras los familiares, que se niegan a aceptar la versión oficial de los hechos, arrojaban piedras y llamaban "asesinos" a los guardias, que corrieron a resguardarse.

"Nuestro clamor es por la verdad para los muertos y los derechos humanos para los vivos, estamos contra la impunidad" dijo a The Associated Press el presidente de la Comisión de familiares, Giovanni Vázquez, quien también protestó porque "en la academia de policía de Tegucigalpa aún quedan 80 cuerpos por entregar a sus allegados".

La principal reclamación de los familiares gira en torno a la responsabilidad de los guardias que trabajaban en el penal de Comayagua, a 90 kilómetros de Tegucigalpa, la noche del incendio.

Nancy Estévez, viuda de uno de los fallecidos, Benjamín Vázquez, se quejó de que "los guardias de ahora sean los mismos que los del día del incendio" y denunció que "cada vez que intentamos hablar con alguien del penal, un policía se acerca y le intimida".

Dijo que "desde el incendio, los familiares sufren maltrato físico, psicológico e intimidaciones.

René García, investigador del Ministerio Público para el incendio, reconoció como cierto que "los internos viven una relación de sometimiento respecto a los guardias y no dirán nada que pueda perjudicarles, aunque sepan cosas, tienen miedo a represalias".

Los familiares pidieron durante toda la tarde del sábado, por aclamación, entre gritos y aplausos que se "reconozca que un número importante de presos fallecieron por disparos de los guardias y no quemados ni asfixiados".

Germán Reyes, fiscal delegado para el caso, declaró que "no hay más detalles que los que la prensa ha comunicado hasta el momento" porque "se encuentra en fase investigativa" y "sin un plazo de duración determinado".

Lo único que Reyes está autorizado a decir es que se ha identificado el lugar de origen del incendio "en la celda número 6" debido a "una llama abierta que puede deberse a un cigarrillo, una vela o una estufa".

Para el fiscal, si el fuego se extendió en apenas 10 minutos de una celda a otra se debió a que "estaban comunicadas entre sí", en su interior "había materiales inflamables como colchones, plásticos y mantas" y "aceleradores del fuego como refrigeradores y estufas"

Reyes "descarta que fuera provocado por cualquier sustancia lanzada desde el exterior como gasolina".

La investigación, según él, se centra ahora, y como reclaman los familiares y los organismos de derechos humanos, en torno a "la obligación de prestar auxilio", es decir, al "papel jugado por los guardianes de la prisión".

Reyes afirmo que "si hubieran cumplido con su deber, hoy habría muchos menos muertos".

The Associated Press ha solicitado copias de los informes sobre el incendio de acuerdo a las leyes de información de los Estados Unidos y Honduras. Hasta el momento, ambos países han rechazado hacerlos públicos.

La próxima semana llega a Honduras una relatoría especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de estudiar la situación de los penales en el país.

Según los familiares, la comisión ha solicitado reunirse con ellos.

Joaquín Mejía, abogado de la Compañía de Jesús en Honduras, que asesora a los familiares de las víctimas dijo que "los recursos judiciales internos no funcionan en el país, porque son sólo formales".

Mejía cree que para este caso "es posible que se apliquen reglas de excepción" refiriéndose a la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "lo asuma incluso antes de que la justicia hondureña finalice su investigación".

El abogado, que ha llevado ante la justicia internacional el caso del incendio en un penal de san Pedro Sula en el que murieron 105 internos en 2004, recuerda que aquel caso fue la misma comisión la que recomendó el inicio del proceso.

El principal motivo para trasladarlo directamente a instancias internacionales es, para Mejía, que "los responsables", refiriéndose a los guardias que estaban en el presidio la noche del incendio, "siguen en su puesto, ni siquiera han tenido la decencia de cambiarlos".