La mayor cámara de comerciantes del país afirmó el sábado que el sector está preparado para la próxima entrada en vigencia de una regulación que amplió y fijó precios máximos de venta en decenas de productos, pese a catalogar de inconstitucional la legislación que endurece el control de precios vigente desde el 2003.

"Ya estamos preparados para arrancar en abril, ya muchas empresas están marcando los precios establecidos para evitar confusiones en la cadena" comercial, dijo Carlos Fernández, presidente del Consejo Nacional del Comercio y Servicios.

Los nuevos precios comenzarán a regir a partir del 1 de abril. La medida se aplica a todos los productos alimenticios regulados, de higiene personal y limpieza del hogar, entre otros rublos.

Resaltó en un comunicado que "seguirán las consultas, las exigencias de algunos sectores que se hagan revisiones (de los costos de producción), que haya aclaratorias, algo que es natural cuando se pretende controlar tantas rublos".

El Consejo solicitó el 7 de marzo ante el Tribunal Supremo de Justicia, la nulidad de la Ley de Costos y Precios Justos, argumentando que ese legislación vulnera principios de defensa de la libertad y la libre empresa y por considerar que cercena la autonomía tanto de consumidores como de los empresarios.

El líder empresarial advirtió que los consumidores "serán los mayores perjudicados" puesto que verán "reducida su posibilidad de escogencia", por una ley "que carteliza y que, al final, podría conducir a la escasez de bienes y servicios".

Acotó que el sector privado tiene el compromiso de mantener el abastecimiento, pero observó que eso dependerá del animo del gobierno de ajustar los precios oportunamente.

Las principales cámaras empresariales del país acusan al gobierno del presidente Hugo Chávez de desorientar a los consumidores al sugerir que la inflación podría cerrar el año en 32,2% porque los comerciantes están especulando con los precios.

Chávez ha dicho que la ley es una herramienta para contra la especulación, a la que atribuye el aumento de los precios y costos.

El sector empresarial privado culpa al gobierno por los precios cada vez más altos, particularmente en los productos alimenticios, argumentando que la inseguridad jurídica ha ahuyentado la inversión privada en la agricultura por las expropiaciones realizadas y por el aumento gradual de las importaciones gubernamentales en momentos que los precios internacionales de los alimentos están en alza.

Rubros en los que Venezuela era casi autosuficiente como arroz, maíz blanco y café en la actualidad son importados para atender la demanda de la agroindustria y el abastecer el mercado.

La administración de Chávez fijo controles de precios sobre cientos de productos alimenticios desde el 2003, pero muchos comerciantes ignoran los limites de precios o simplemente dejan de vender productos tales como leche, azúcar o carne vacuna, bajo el argumento de que el gobierno no les deja ningún margen de ganancia.