Mientras el gobierno de Fernando Lugo prepara una ofensiva diplomática, un grupo de industriales de Paraguay contrató a una empresa de asesoría jurídica de Buenos Aires para litigar, eventualmente, en contra de las nuevas medidas aduaneras argentinas, consideradas contrarias al principio de libre circulación de mercaderías del Mercosur.

Eduardo Felippo, uno de los líderes de la Unión Industrial, dijo a la prensa que abogados iniciaron la evaluación de la situación para, posteriormente, recurrir ante los tribunales de la capital argentina.

"Sólo que esta acción jurídica nuestra tendrá un alto costo, pero los obstáculos argentinos están en contra de disposiciones del Mercosur" que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, dijo Felippo.

Desde el 1 de febrero todos los importadores argentinos deben completar un nuevo protocolo aduanero denominado Declaración Jurada Anticipada de Importación que, según la Unión Industrial paraguaya, es de carácter proteccionista. Las autoridades argentinas pueden demorar hasta sesenta días en otorgar el certificado o permiso para el ingreso a su mercado de mercaderías externas.

Aparentemente, esa declaración jurada tiene por objeto frenar la importación masiva de artículos provenientes de China que compiten con su producción local.

La Unión Industrial dijo que el sector confeccionista dejó de enviar a Argentina 38% de sus productos desde febrero.

En tanto, el palacio de gobierno informó que el lunes próximo irá a Buenos Aires el jefe del gabinete civil Miguel López para intentar anular la implementación de la declaración jurada anticipada para los industriales paraguayos.