El gobierno del primer ministro Mario Monti aprobó el viernes un esperado paquete de reformas laborales con la promesa reiterada de que crearán un mercado de trabajo más flexible e inclusivo y sin ceder a los sindicatos que rechazan las medidas.

Los cambios representan la tercera iniciativa de peso que adopta el gobierno de tecnócratas desde que tomó el poder en noviembre con el reto de sacar del estancamiento a la economía italiana mediante la promoción del crecimiento y la reducción de la enorme deuda del país que constituye el 120% del producto interno.

El gobierno dijo que la reforma, planteada por la Unión Europea, alentará la expansión económica, creará empleos estables y permitirá que las empresas sean más competitivas.

La nueva disposición laboral que facilita el despido de los trabajadores fue el desafío más duro para Monti. Con anterioridad había aprobado medidas de austeridad — sobre todo con alzas fiscales — y un paquete de medidas para liberalizar al mercado.

La principal confederación sindical de Italia anunció una huelga general de 16 horas y manifestaciones contra los cambios, mientras los políticos vinculados a los sindicatos dicen que tratarán de modificar las reformas durante su proceso en el parlamento.

Monti prometió vigilar los posibles abusos, pero insistió en que las compañías ya no serán forzadas a recontratar a los trabajadores despedidos por motivos económicos, incluso si se determina que el argumento del empleador es infundado, a contrapelo del reglamento que lleva décadas vigente. No obstante, un juez puede ordenar el pago de una compensación, aunque esos casos son relativamente raros.

Monti dejó intactas las normas que le permiten a un tribunal ordenarle a una empresa la recontratación de trabajadores cesados injustamente cuando se pruebe que hubo discriminación, o en algunos casos si el juez resuelve que la medida disciplinaria fue ilegal.

La reforma incluye un nuevo sistema de compensación por desempleo, limita el número de los trabajadores eventuales para promover el empleo permanente y apoya el ingreso de los jóvenes al mercado laboral. También garantiza la igualdad de género en los centros de trabajo, en particular con la proscripción de la práctica de obligar a la mujeres a firmar cartas de renuncia sin fecha que son generalmente aplicadas en el caso de embarazo.

El gobierno declinó poner las medidas en vigencia inmediato, lo cual permite a los legisladores introducir cambios.

El presidente del Senado, Renato Schifani, dijo que esa decisión fue "apreciada" por el parlamento.