España dio el viernes el primer paso hacia una ley de transparencia que facilitará el acceso de los ciudadanos a la información de cómo y en qué gastan el dinero sus dirigentes y que además castigará a los altos cargos malgastadores.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dijo que España es uno de los pocos países de Europa que carece de una norma de libertad de información, cuyo borrador inicial se hizo público en el habitual Consejo de Ministros de los viernes.

Sáenz de Santamaría anunció que se abrirá un plazo de 15 días para que cualquier ciudadano que lo desee haga su aporte al texto a través de internet, en una decisión sin precedentes.

La ley prevé un acceso completamente público a los presupuestos y subvenciones que manejan las autoridades nacionales, regionales y locales, además de conocer las retribuciones de los altos cargos.

En muchas ocasiones, esa información ya era pública, pero casi imposible de encontrar. A partir de la aprobación de la ley, cada euro que se gaste deberá ser justificado y explicado a través de internet, en un intento por acabar con la imagen de opacidad que rodea a la administración pública española.

Por ejemplo, cualquier persona tendrá derecho a solicitar información a su ayuntamiento, que en pocos días estará obligado a responder a qué empresa se le asignó un contrato público, el importe y las razones de la adjudicación.

De momento, datos de carácter personal o concernientes a la seguridad nacional no serán revelados.

"Es una de leyes más ambiciosas y más importantes", dijo Sáenz de Santamaría. "La norma tiene por objeto fundamentalmente mejorar la credibilidad y la confianza de nuestras instituciones, sobre todo de las administraciones públicas".

Además, el borrador incluye un código de buen gobierno que prevé sanciones para dirigentes, consejeros y miembros de empresas públicas que malgasten dinero de los contribuyentes y no cumplan con la transparencia exigida.

No se trata de delitos de corrupción, ya tipificados en el código penal. Con la nueva ley, los altos cargos que no cumplan criterios de déficit marcados, alteren presupuestos, falseen datos o se endeuden demasiado podrán ser directamente despedidos.

En los casos más graves, el responsable podría quedar inhabilitado hasta 10 años para ejercer un cargo público.

"Las conductas de verdadero falseamiento u ocultación de datos serán constitutivas de delito", aseguró la vicepresidenta.

Sáenz de Santamaría explicó que el gobierno revisará los aportes de los ciudadanos antes de remitir un texto definitivo al Parlamento para el debate y aprobación definitiva de la ley, probablemente antes de fin de año.

La ley de transparencia fue un compromiso del presidente Mariano Rajoy y del conservador Partido Popular. Actualmente España sufre una grave crisis de deuda y la mayoría de los ayuntamientos y gobiernos regionales apenas disponen de liquidez en sus arcas.

Muchos de ellos se vieron sorprendidos por el colapso del sector de la construcción, del que obtuvieron mucho dinero en los últimos años gracias a la venta de suelo.

España se comprometió con la Unión Europea a rebajar el déficit público del 8,5% actual a 5,3% del Producto Interno Bruto en 2012. La economía está al borde de su segunda recesión en cuatro años y el país soporta una tasa de desempleo cercana a 23%.