España dio el viernes el primer paso hacia una ley de transparencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a la información de cómo y en qué gastan el dinero sus dirigentes y además castigará a los altos cargos malgastadores.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dijo que España es uno de los pocos países de Europa que carece de una norma de libertad de información, cuyo borrador inicial se hizo público en el habitual Consejo de Ministros de los viernes.

La ley prevé un acceso completamente público a los presupuestos y subvenciones que manejan las autoridades nacionales, regionales y locales, además de conocer sus retribuciones.

Cualquier persona podrá solicitar esa información siempre que así lo requiera, en un intento por acabar con la imagen de opacidad que rodea a la administración pública española. De momento, datos de carácter personal o concernientes a la seguridad nacional no serán revelados.

La norma, eso sí, prevé sanciones para dirigentes, consejeros y miembros de empresas públicas que malgasten dinero público y no cumplan con la transparencia exigida. En los casos más graves, el responsable podría quedar inhabilitado hasta 10 años para ejercer un cargo público.

Sáenz de Santamaría anunció que se abrirá un plazo de 15 días para que cualquier ciudadano que lo desee haga su aportación al texto a través de internet.

El gobierno revisará dichas aportaciones antes de remitir un texto definitivo al Parlamento para el debate y aprobación definitiva de la ley, probablemente antes de final de año.