El ministro guatemalteco de la Defensa dijo el miércoles que espera convencer a actores claves en el Congreso estadounidense de levantar este año la restricción de apoyo económico y logístico a las fuerzas terrestres de su país, vigente desde 1977.

Al realizar su primera visita a la capital estadounidense desde que asumió el cargo a comienzos de año, el general de brigada Ulises Noé Anzueto dijo a reporteros que el levantamiento de la restricción depende "de la voluntad política de algunos actores claves en el Congreso. Venimos a conocerlos y a que nos conozcan, a decirles que tenemos un plan y que consideramos haber cumplido con requisitos", refiriéndose a la desclasificación de archivos relacionados a la guerra civil y a la inclusión de derechos humanos en el pénsum de estudios de la academia militar.

"Pero creo que nos tienen catalogados en un paquete junto a Nepal y Sri Lanka. Es un pensamiento anclado en el pasado, no es nuestra realidad, queremos demostrarlo", agregó el jefe castrense, quien precisó que el cubano es el único otro ejército en el continente con una restricción estadounidense parecida.

Anzueto se reunirá con funcionarios de los comités del Senado para adjudicaciones y para el control de narcotráfico internacional, además de personeros de los Departamentos de Defensa y Estado, la Casa Blanca y el comandante del Comando Sur, el general Douglas Fraser.

El Congreso estadounidense impuso la restricción en 1977 ante las violaciones a los derechos humanos registrados durante la guerra civil que azotó a Guatemala durante 36 años y dejó más de 200.000 muertos hasta la firma de unos acuerdos de paz en 1996.

Del total de muertes durante las hostilidades, una comisión de Naciones Unidas atribuyó a las fuerzas de seguridad estatales la responsabilidad en casi el 90% de los casos, especialmente de masacres de comunidades indígenas enteras por las que ahora hay varios altos mandos procesados bajo acusaciones de genocidio.

Y según activistas como Mario Polanco, dirigente de un grupo formado por familiares de personas desaparecidos durante los años de represión militar, el ejército hace todo lo posible para que esas violaciones a los derechos humanos no sean esclarecidas judicialmente.

Polanco dijo que fue parte de una delegación que la semana pasada también se reunió en Washington con legisladores, a quienes les pidieron que antes de levantar las restricciones de ayuda se obligue al ejército guatemalteco que "termine de favorecer la impunidad en Guatemala".

Señaló que pidieron condicionar a las fuerzas armadas para que dejen "de financiar los honorarios de los abogados (que están) defendiendo militares (en procesos por violaciones a los derechos humanos), que termine el financiamiento a la ONG Avemilgua" que agrupa a los veteranos militares del país.

"La otra condición es que contribuyan a la investigación se está haciendo sobre derechos humanos" permitiendo el acceso general a "información desclasificada pero que sigue siendo privada", refiriéndose a que muchos documentos del tiempo de la guerra que fueron "desclasificados" por los militares, no gozan de un acceso real al público.

Para Anzueto es vital que Estados Unidos elimine las restricciones porque dentro de los planes de seguridad del presidente Otto Pérez Molina, en general retirado que llegó al poder promoviendo una imagen de mano dura para combatir la delicuencia, incluye involucrar a los militares en la lucha contra el narcotráfico, cuya creciente presencia en la región han provocado un incremento de la violencia.

Como parte del plan, las fuerzas armadas guatemaltecas planean agregar 1.000 efectivos este año y otros 1.000 en 2013, para llegar a 21.500 tropas, con la creación de cuatro brigadas especiales que se dedicarán a apoyar a la policía en labores de seguridad ciudadana en ciudades y en zonas alejadas como Petén, un territorio "que había sido utilizado para pistas clandestinas de aterrizaje, pero por nuestras unidades y alguna colaboracion que tenemos de Estados Unidos, el territorio dejó de ser usado para eso y hoy por hoy eso se está dando en el norte de Honduras".

Petén fue escenario del asesinato y desmembramiento en mayo de 27 campesinos a manos de integrantes del cartel mexicano Los Zetas, en cuyas filas se ha descubierto la participación de ex militares mexicanos y guatemaltecos.

Anzueto aseveró que el nivel de amenaza de los carteles del crimen trasnacional "no presenta hasta el momento la capacidad de enfrentar el poder de las instituciones del Estado" porque "no somos destino sino sitio de paso, donde estos grupos no están dispuestos a defender santuarios, lo que buscan es asegurar rutas por su alto poder corruptor".

Un informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mencionó recientemente que en Guatemala "la violencia e impunidad continuaron siendo vinculados a la debilidad generalizada de las instituciones públicas y a la falta de una política estatal para el combate".

El organismo recomendó "implementar políticas de seguridad y justicia basadas en el respeto y la garantía de todos los derechos humano, sin discriminación. El estado debe revertir la tendencia de la privatización de la seguridad pública."

__

Luis Alonso Lugo está en twitter como @luisalonsolugo

__

La corresponsal de The Associated Presss, Romina Ruiz-Goiriena, contribuyó con este despacho desde Guatemala.