Una comisión de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles una polémica enmienda constitucional que dejaría en manos del Congreso brasileño la última palabra en la demarcación de territorios indígenas y áreas de conservación ambiental.

La votación de la iniciativa, respaldada por la bancada ruralista del Congreso, generó una manifestación de protesta de un pequeño grupo de indígenas que había llegado a acompañar la votación en la comisión de constitución y justicia de la cámara baja.

La iniciativa fue aprobada con 38 votos a favor y solo dos en contra en la comisión, pero generó duras críticas de los escasos opositores presentes en la sesión.

En caso de ser aprobada, la enmienda constitucional obligaría al gobierno a someter a aprobación del Congreso la demarcación de tierras indígenas y de comunidades de descendientes de esclavos, conocidos como quilombolas, así como nuevas áreas de protección ambiental.

La Constitución actualmente otorga al Poder Ejecutivo la potestad de definir la demarcación de tales tierras.

El legislador Alessandro Molón, del gobernante Partido de los Trabajadores, alertó que se trata de una acción inconstitucional y aseguró que la coalición oficialista hará lo posible por impedir su aprobación en una comisión especial creada para evaluar la propuesta.

"Es una violación frontal a la Constitución, irrespetando dos cláusulas pétreas (inalterables) de la Constitución", declaró Molón a periodistas.

Precisó que la disposición viola la norma constitucional que protege la separación de poderes "porque implica una usurpación de poderes del ejecutivo por parte del legislativo", al tiempo que violentaría derechos fundamentales de las comunidades indígenas y quilombolas consagrados en la carta magna.

Consideró que el interés de los legisladores ruralistas que defienden la propuesta es "impedir la creación de nuevas reservas indígenas y áreas quilombolas, e incluso de reserva ambiental. Va a ser muy negativo para el medio ambiente y para los derechos de los indígenas".

El legislador Rubens Moreira Mendes, del independiente Partido Social Democrático y dirigente de la bancada ruralista, destacó que la enmienda busca establecer un equilibrio entre los poderes al dar al Congreso la posibilidad de participar en la decisión sobre los territorios abordados en la propuesta.

Molón aseguró que si el Congreso aprueba la enmienda, el Supremo Tribunal Federal (corte suprema) la va a anular por inconstitucional.