Militares retirados que están presos por crímenes cometidos durante la dictadura de 1973 a 1985 denunciaron que el accionar de la justicia es una violación a sus derechos humanos ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

The Associated Press tuvo acceso el martes a las copias de las dos presentaciones que aunque varían en sus reclamos coinciden en que han sido vulnerados sus derechos de legítima defensa y "que la actuación judicial se vio presionada por grupos corporativos minoritarios, pero que generaron situaciones absolutamente desconocidas de actos hostiles en las puertas de las sedes judiciales", en referencia a la presencia de manifestantes ultraizquierdistas durante los traslados de los uniformados.

La presentación ante Claudia Geréz, Oficial de Derechos Humanos en Uruguay del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, fue a título del teniente general y último dictador Gregorio Alvarez, de 86 años, detenido y procesado en diciembre de 2007 y condenado a 25 años de prisión como coautor del homicidio de 37 personas.

El segundo reclamo lleva la firma de varios otros de los casi 30 uniformados retirados --entre militares y policías-- y fue hecho ante la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dinah Shelton.

En los escritos se enfatiza que algunos de los imputados están enfermos y todos virtualmente superan los 70 años de edad, por lo que reclaman la prisión domiciliaria.

Los escritos, coinciden en que "la presión desarrollada por la prensa y por los grupos afines al partido Comunista sobre los jueces actuantes, ha distorsionado el objetivo de justicia imparcial... Todo esto condujo a procesamientos abiertos con absoluta ligereza, sin conceder las mínimas garantías a los imputados".

En octubre el gobierno del presidente José Mujica, un ex tupamaro, promulgó una ley sancionada por la mayoría oficialista en el Congreso que eliminó la amnistía a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos de 1986 que había sido refrendada en dos plebiscitos populares en 1989 y 2009.

La ley también declaró que los delitos cometidos en el régimen de facto son crímenes de lesa humanidad, con lo que se eliminó la prescripción que debía regir, de acuerdo con el Código Penal, a partir del 1 de noviembre de 2011.

El guerrillero Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros se lanzó en 1963 y en 1972 fue aplastado por las fuerzas armadas que un año más tarde dieron el golpe de Estado.

La represión de la dictadura militar dejó una secuela de al menos 30 desaparecidos en Uruguay. Otros 150 uruguayos desaparecieron en Argentina en el marco del Plan Cóndor, coordinado por los regímenes militares del Cono Sur en los años 70.

Los militares señalaron que "se ha utilizado el peso de la justicia como herramienta de venganza, distorsionando gravemente la función que el Estado con base en ese poder detenta en el marco de un Estado de Derecho".