El gobierno duplicó el lunes el despliegue de policías antimotines en una región septentrioral donde hace más de un mes y medio una organizada población civil lucha por una rebaja a los altos precios de los combustibles, junto a otras exigencias.

El general Alfonso Muñoz admitió que en Aysén, 1.680 kilómetros al sur de Santiago, se aumentó en un 50% el contingente, elevándose a 300 agentes antidisturbios.

"Se ha reforzado la dotación para dar seguridad a la ciudadanía y para dar cumplimiento a lo que la ley nos obliga: mantener el orden público para que la comunidad lleve sus actividades en forma normal", declaró.

Tras un acercamiento entre el gobierno y la Mesa Social por Aysén, integrada por 24 dirigentes sociales y gremiales, además de la alcaldesa de Puerto Aysén, Marisol Martínez, la situación retrocedió porque el ejecutivo intentó dividir a los líderes en varias mesas de negociaciones.

Iván Fuentes, vocero del movimiento ciudadano, señaló que la única respuesta concreta del Ejecutivo a sus demandas son "más policías, más tanques, más balines, más lacrimógenas, más piedras: ¿Cómo nos vamos a entender así?".

El intento gubernamental despertó las iras de los ayseninos, muchos de los cuales volvieron a tomarse puentes y caminos, impidiendo el libre tránsito, lo que fue respondido con 22 querella por infracción a una Ley de Seguridad del Estado que establece severas penas de cárcel para los que alteren el orden público. Entre los querellados hay amas de casa, pescadores, obreros y campesinos.

En las refriegas un autobús y un carro lanza gases, ambos vehículos policiales, fueron quemados, según el gobierno. Pero, el senador oficialista Antonio Horvath dijo que presenció cuando el autobús cayó a una zanja por una mala maniobra y cuando los pobladores fueron a ayudar a los policías, estos los repelieron con perdigones de acero.

Según Muñoz, desde el inicio de las protestas, en febrero, 80 policías han resultado heridos.

Médicos y dirigentes sociales han informado de decenas de pobladores lesionados, varios con perdigones en sus caras. Uno perdió un ojo.

La semana última fotografías y vídeos captados con celulares muestran a policías antimotines lanzando piedras hacia casas, que también han recibido bombas lacrimógenas en sus patios.

Muñoz dijo que están investigando las actuaciones de los policías.

Coincidentes encuestas señalan que más de un 80% de los chilenos apoya las demandas del Movimiento Social por Aysén, entre cuyos dirigentes hay varios oficialistas, y piden una rebaja del 20% de los combustibles, un aumento de las pensiones mínimas equivalentes a 155 dólares, un sueldo mínimo regionalizado, mejoras para los pescadores artesanales y una universidad.

Piñera ha enviado a tres ministros a Aysén y a un subsecretario, pero no se han logrado acuerdos en el punto más importante: la rebaja en los combustibles.

Además de la complicada situación de Aysén, el gobierno trata desesperadamente de bajar la tensión en Calama, en el extremo norte, donde demandas regionales también amenazan con una sublevación de los habitantes de las ciudades mineras que aspiran a que un mínimo porcentaje de las enormes ganancias de las grandes mineras se queden en sus zonas.