Dos enfermeros fueron procesados por homicidio especialmente agravado y una enfermera por encubrimiento este domingo en un caso que involucra decenas de presuntas muertes intencionales de pacientes en un centro de salud público y otro privado, según se informó en medios judiciales.

La abogada defensora de uno de los acusados, Inés Massioti, dijo a la prensa al salir de la audiencia judicial que el juez Orlando Vomero determinó los procesamientos con prisión después de evaluar las pruebas y los testimonios.

"Estamos hablando de varias muertes", explicó, pero se negó a mencionar el número exacto de víctimas "por que todavía se puede seguir indagando".

Tampoco está permitido dar otros datos sobre las personas acusadas porque éstas carecen de antecedentes penales hasta el momento.

Según la abogada, su cliente, que trabaja en un sanatorio privado, adujo haber actuado "por piedad".

"Después de 20 años de trabajar en cuidados intensivos, con estrés y en contacto con la muerte, no pudo soportarlo más", agregó Massioti.

El Ministerio de Salud Pública entregó más temprano un comunicado de prensa en el que informó que sus autoridades "están colaborando con la investigación policial y judicial que se está llevando adelante y se mantienen atentas a los resultados de la misma" .

Expresó la preocupación del ministerio en torno al caso e informó que se investigan los "servicios afectados para recabar más datos".

El ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, no respondió a los llamados telefónicos de la AP.

La AP entrevistó al inspector José Luis Roldán, director de relaciones públicas de la jefatura de policía, que dijo que "las primeras investigaciones parecen determinar que los presuntos implicados traían algún medicamento no autorizado del Brasil, vaya uno a saber qué veneno", dijo el funcionario.

"Las denuncias comenzaron a llegar hace un tiempo por parte de familiares y se comenzaron las investigaciones", dijo Roldán al confirmar las informaciones divulgadas por los medios de prensa.

"Hay un gran revuelo por todo esto", afirmó y dijo que hay reuniones con los jerarcas de Salud Pública y los investigadores e interviene la justicia contra el crimen organizado.

El juez Vomero había dicho al diario El Observador antes de la audiencia que funcionarios de los dos centros de salud fueron detenidos luego de varios días de investigación y tras una denuncia de sus compañeros de trabajo, que alertaron por la muerte "repentina" de pacientes que estaban internados.

El diario El País informó, citando fuentes judiciales, que los indagados llegaron a hablar de 50 muertes, aunque los investigadores policiales conjeturan que el total de casos sería muy superior y podría llegar a 200.

El director de relaciones públicas de la jefatura policial señaló en la entrevista con AP que en principio se "habla de hasta 60 muertos, pero hay versiones, incluso alguna del exterior que dicen que pueden ser hasta 200 los muertos".

Roldán dijo que no podía indicar si en los casos pudiera haber tráfico de órganos.

El funcionario informó que hay dos centros de salud involucrados: el privado Sociedad Española y el hospital Maciel, del ministerio de Salud Pública. No hubo reacciones de ninguno de los centros asistenciales.

El diario La República informó que uno de los enfermos investigados tiene 46 años de edad, y que habría declarado que había "perdido la cuenta" de la cantidad de pacientes a los que quitó la vida. El otro enfermero, de 39 años, confesó unos 50 crímenes del mismo tipo, según el diario. Ambos trabajadores se relacionaban escasamente entre sí.

El secretariado ejecutivo de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, en un comunicado que publica El País, lamentó "la inseguridad que estos trascendidos generan a nuestros usuarios que reiteramos que son situaciones aisladas que no involucran a los demás trabajadores".