La dirigencia indígena y el gobierno alcanzaron un acuerdo sobre la presencia de hidroeléctricas en su territorio y zonas aledañas tras semanas de conversaciones.

El acuerdo plantea que para el desarrollo de futuras hidroeléctricas ubicadas total o parcialmente dentro de la comarca Ngobé buglé y áreas anexas se deberá contar con la aprobación del 'pleno de congreso general' (indígena) y según la categoría del espacio de la obra, se llamaría a un referéndum en la respectiva circunscripción.

"A juicio nuestro no queda ninguna razón para que existan manifestaciones en las calles. Este acuerdo debe resolver todo eso y creo que es lo que le país ha estado esperando en los últimos meses", dijo el ministro Jorge Ricardo Fábrega al anuncian el acuerdo el viernes.

La cacica Silvia Carrera, representante indígena en las conversaciones, informó mediante sus voceros que el alcance del acuerdo será comunicado y explicado a las bases indígenas en diferentes puntos del país antes de hacer un pronunciamiento.

Algunos sectores indígenas en la localidad de San Félix, en la provincia occidental de Chiriquí, expresaron su descontento por el acuerdo.

"No hay nada nuevo, se vuelve a ratificar... que se desarrollará nuevos proyectos hidroeléctricos", dijo el dirigente indígena Celio Guerra al canal 13 de televisión.

Sostiene que a la coordinadora indígena presente en las conversaciones "se le dio un mandato claro de que la ley especial era para prohibir la minería y las hidroeléctricas en la comarca y áreas anexas".

El estancamiento en la mesa de diálogo estuvo en el reclamo de los indígenas de no permitir la presencia de represas en su territorio y regiones aledañas con potencial hídrico.

El gobierno ya había accedido a la exigencia indígena de no impulsar actividad minera dentro de la comarca, que incluye regiones de las provincias occidentales de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Esos dos puntos forman parte de una propuesta indígena que el legislativo descartó a comienzos de febrero, al aprobar en primer debate una ley que crea un régimen especial de protección de los recursos naturales, ambientales, hídricos y minerales de la comarca, que está conformada por el grupo étnico más numeroso del país.

Los ngobés buglés exigían en un principio la cancelación de proyectos hidroeléctricos en sus tierras y zonas anexas, un reclamo que llevó a los indígenas a bloqueos carreteros desde fines de enero.

Durante las conversaciones acordaron la instalación de una mesa técnica que revisará el estudio de impacto ambiental de un proyecto hidroeléctrico gestionado cerca de la comarca que tiene su incidencia en 6,8 hectáreas anexas a ese territorio.

Los ngobés buglés son el grupo de mayor población --algo más de 165.000-- entre las tres etnias predominantes en este país.

El acuerdo también plantea beneficios mínimos que debería considerar todo proyecto hidroeléctrico que se acuerde en la comarca, entre ellos que el 5% de la facturación anual de la obra sea destinado a un fondo para el desarrollo de la comarca y que al menos el 25% del personal no especializado que se requiera para los trabajos de la obra sea indígena o campesino del área.

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Kathia Martínez está en twitter como @kathia_martinez