Las gestiones encaminadas a realizar el primer juicio a un militar por abusos cometidos durante la dictadura castrense en Brasil fueron obstruidas el viernes por un juez federal.

El magistrado Joao Matos resolvió que las acusaciones por secuestro que fueron presentadas esta semana contra el coronel retirado del ejército Sebastiao de Moura contravienen la ley de amnistía sancionada en 1979. La ley prohibe los procesos judiciales por delitos con motivos políticos que fueron perpetrados durante el régimen militar que gobernó de 1964 a 1985.

Los fiscales dijeron en un correo electrónico que apelarán el fallo. Su decisión de llevar el caso ante la justicia fue elogiada esta semana por las Naciones Unidas y diversos grupos de derechos humanos.

El juez bloqueó las acusaciones mientras en Brasil se debate la creación de una comisión de la verdad que investigue los delitos cometidos por la dictadura.

La presidenta Dilma Rousseff, una ex guerrillera izquierdista, fue brutalmente torturada cuando pasó tres años detenida durante la junta.

En noviembre, Rousseff promulgó una ley de creación de la comisión de la verdad y ahora debe designar a sus siete integrantes, que tendrán dos años para elaborar un informe.

La comisión es rechazada por sectores conservadores en el país más grande de América Latina, y más de 400 militares retirados han firmado documentos con duras críticas a ese organismo.

A principios de semana, los fiscales presentaron cinco acusaciones por secuestro contra De Moura. Afirmaron que los secuestros fueron cometidos durante la represión del movimiento guerrillero izquierdista de Araguaia.

Ese grupo, de bases rurales e ideología comunista, fue aplastado por las fuerzas gubernamentales entre 1972 y 1975. En esa operación fueron "desaparecidos" 62 miembros del movimiento.

"Intentar, tres décadas después, eludir a la ley de amnistía, y reabrir una discusión sobre delitos cometidos durante la dictadura militar es un error y carece de sustento legal", dijo Matos en el fallo.

Murilo Abreu, vocero de la fiscalía federal en el estado de Para donde fueron interpuestas las acusaciones, dijo que a los fiscales no les sorprendió que Matos bloqueara sus gestiones "porque mucha gente considera que irían contra la ley de amnistía".

En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró al gobierno brasileño responsable de las desapariciones de 62 presuntos militantes del movimiento guerrillero Araguaia.

"Estamos dispuestos a llevar a cabo la determinación de la CIDH que dejó en claro la obligación de Brasil de hallar la verdad... para dar consuelo a las familias que aún hoy no lo tienen", dijo Ubiratan Cazetta, uno de los fiscales que presentaron los cargos.

El viernes, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró en Ginebra que la decisión de los fiscales de presentar los cargos era "un acontecimiento anhelado para la responsabilidad" por la dictadura militar brasileña.

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El periodista de Associated Press Stan Lehman contribuyó en la información.