La presidenta argentina Cristina Fernández inició el jueves una visita oficial a Chile, 48 horas, a dos días de que el secretario para América Latina de la cancillería británica, Jeremy Browne, concluyó una estadía de dos días en la capital chilena, en la que defendió la soberanía de su país sobre las islas Malvinas.

Fernández --que postergó en tres ocasiones su viaje a este país-- coincidió con Browne en la misma semana y a 17 días del trigésimo aniversario de la corta guerra que enfrentó a argentinos y británicos por la soberanía del archipiélago del Atlántico Sur, durante la cual murieron casi mil soldados.

Su única actividad del jueves será asistir a una cena en su honor que el presidente Sebastián Piñera le ofrecerá en el palacio de gobierno, a la que asistirá la elite de los políticos locales.

Las actividades oficiales de Fernández se inician el viernes cuando se reunirá con Piñera, firmará convenios --algunos sobre conectividad-- y hablará a la prensa, pero sin aceptar preguntas de los periodistas.

El gobierno de Piñera y líderes derechistas intentarán presionar a Argentina para que accede a repatriar a Chile a Galvarino Aplablaza, un ex guerrillero vinculado al asesinato en abril de 1991 del entonces senador Jaime Guzmán, ideólogo de la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet, 1973-1990.

La justicia argentina autorizó la extradición de Apablaza, pero un comité integrado por funcionarios de gobierno frenó su repatriación.

Otro tema que preocupa en Chile es el malestar de empresarios chilenos por las restricciones a las importaciones impuestas por Argentina, medidas ante la que se han quejado también industriales de otros países de la región.

Argentina, por su parte, está interesada en que la justicia chilena apruebe la extradición del ex juez argentino Otilio Romano, que huyó a Chile el 24 de agosto del 2001, poco antes de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera y le iniciara un juicio político por su presunta complicidad en 103 delitos de lesa humanidad en 1975 y durante la dictadura militar argentina de 1976 a 1983.

Romano, que recibió una visa chilena por ocho meses, que vence en abril, está bajo arresto domiciliario nocturno.

En las cercanías del trigésimo aniversario de la guerra por las Malvinas, Falkland para los británicos, Argentina y Gran Bretaña se encuentran sumidos en una escalada de tensiones por la soberanía del archipiélago del Atlántico Sur. Chile se sumó a la decisión del Mercosur de prohibir que barcos con banderas de las Malvinas atraquen en sus puertos.

El gobierno de Fernández también prohibió a dos cruceros británicos que atracaran en el puerto argentino de Ushuaia y pidió a una veintena de empresas que operan en Argentina que dejen de importar productos e insumos a Gran Bretaña.

La mandataria expresó además su intención de permitir tres vuelos desde Buenos Aires, en Aerolíneas Argentinas, hasta las islas. Si la idea avanzara hacia negociaciones, se desconoce si el vuelo semanal desde Punta Arenas, 3.200 kilómetros al sur de Santiago, hacia las Malvinas que transporta carga y pasajeros, seguiría vigente.

Piñera, consultado el domingo por la noche, dijo que de momento no ha recibido ninguna petición de Fernández para que Lan suspenda sus vuelos a las Malvinas. No se descarta que aborden el tema el viernes.

Browne dijo a comienzos de semana que "no creemos que el bloqueo económico de las Falkland (Malvinas) sea lo correcto de hacer".

Insistió en que "nosotros no buscamos una controversia con Argentina, pero creemos en el principio de autodeterminación", aludiendo a la decisión de los isleños de seguir bajo soberanía británica.