Decenas de familiares de las víctimas exigieron el miércoles justicia por la muerte de 361 reos en un incendio ocurrido hace un mes en una cárcel hondureña.

La mayoría de los presentes eran familiares a los que aún no se les han entregado los cuerpos de los fallecidos.

La marcha, que recorrió algunas de las principales arterias de Tegucigalpa, terminó ante la sede del ministerio Público, donde los familiares cortaron el tráfico y le reclamaron al fiscal general de Honduras que se agilice el proceso de identificación y entrega de los cuerpos.

Melvin Duarte, portavoz del Ministerio publico, dijo que "respeta la movilización de los familiares" y que entiende "que más que por los cuerpos, se movilizan para exigir responsabilidades políticas".

Pero la mayor parte de manifestantes aun esperan la entrega de los cuerpos de algún familiar.

Jaime Enrique Rosales, hijo de José Adrián Rosales, de 60 años, que falleció quemado en la celda numero 6, se quejó de que "un mes después de la muerte de mi padre no sabemos si el cuerpo está reconocido o no, si se le han hecho pruebas de ADN ni cuando nos lo van a entregar".

Rosales llevaba ocho años en el presidio y le quedaban cuatro para cumplir su condena.

Juan José Reyes, padre de Edgardo Torres, que compartía con Rosales la celda número 6 y también pereció en el siniestro, explicó que además están inconformes porque les quieren entregar los cuerpos en ataúdes sellados y "eso estresa mucho a las familias que no saben si el cuerpo que se les entrega es el de su familiar".

Los parientes de las víctimas son partidarios de la tesis de que el incendio no fue accidental y recriminaron a la policía llamándoles "asesinos". Reyes sostuvo que "los policías tuvieron tiempo de salvar a los reos pero no decidieron no hacerlo".

Algunos familiares, agrupados en una "comisión de allegados de fallecidos" que ha sido reconocida por el estado como interlocutor, continúan residiendo, un mes después del incendio del penal, en el llamado "Campamento Esperanza" establecido por el CODECO (comisión permanente de contingencia), el departamento del gobierno hondureño encargado de emergencias y catástrofes.

"Nos dicen que ya no tienen fondos para mantenernos aquí y quieren que nos vayamos", le explicó a The Associated Press Giovanni Vázquez, Coordinador de la comisión, "pero tenemos que defender los derechos de aquellos que no pueden hacerlo por si solos, ancianos, mujeres con hijos y personas con poca formación que nunca se atreverían a reclamar si no mantuviésemos el grupo".

Giovanni que perdió a su único hijo, Noe Vazquez, de 18 años, en el incendio tampoco ha recibido el cadáver para poder sepultarlo.

Muy enfadado, muestra un plato de spaghettis. "Esta es la cena que nos dan. Y no es suficiente, tenemos que salir a buscar comida fuera del campamento". También se queja de que "lo único que nos propone el gobierno es darnos un numero de teléfono y que nos vayamos". Piensa que "si nos vamos no sabremos nada nunca más".

Lizeth Alfaro, de 27 años, si ha enterrado a su cuñado pero dice que como miembros de la comisión "hemos adquirido un compromiso, primero con Dios y después con los familiares, de no irnos de aquí hasta que el último cuerpo sea entregado".

Además Vázquez y Alfaro muestran los carnets que les identifican como miembros de la comisión. En ellos puede leerse "Válido mientras dure el campamento". Para ellos, salir significa renunciar a su derecho a la justicia y a "una indemnización por lo sucedido".

José Virgilio Cacho, responsable de CODECO en el campamento dice, resignado y cansado, "no sabemos como deshacernos de los familiares. Aquí ya no tienen nada que hacer".

El miércoles por la noche aun quedaban 143 personas registradas en el campamento.

Los cuerpos que aún no han sido entregados a los familiares permanecen dentro de cuatro camiones frigoríficos en el interior de la academia nacional de policía.

Los familiares mostraron a The Associated Press fotografías y videos en los que pueden verse varias docenas de bolsas de plástico apiladas por el suelo, fuera de los camiones.

Un trabajador de CODECO que no quiso identificarse "no estamos autorizados a hablar con la prensa", dijo, lo reconoció y explicó que se debe a que "periódicamente sacan todos los cuerpos de los camiones refrigerados para ordenarlos".

También afirmo que los cuerpos están absolutamente irreconocibles" que "su estado es indescriptible" y que "es imposible entender que alguna vez hayan sido seres humanos".

Es difícil caminar por el lugar sin sentir un olor nauseabundo a carne podrida.

Para Jaime Rosales "es una falta de respeto que los saquen al aire libre y además, con el calor que hace, solo sirve para que se deterioren aún más de lo que ya están".

El proceso de entrega de los cadáveres identificados a sus familiares es lento y doloroso.

Tiene lugar entre llantos y acusaciones hacia la policía y los miembros del ministerio público encargados de formalizar la documentación correspondiente.

Edgardo Cepeda Reyes, cuñado de Carlos Humberto, de 32 años, que también falleció quemado en la celda número 6 se quejó amargamente de que "no nos permitieron abrir la bolsa". A Cepeda no le importa "el estado de descomposición en el que esté el cuerpo" porque quiere "comprobar que es realmente el de Carlos el cuerpo que me entregan" y también "si tiene disparos además de estar quemado".

Añade que "casi todos los familiares quieren saber si su ser querido murió quemado o fusilado por la policía".

Explica que "nada más llegar a la casa lo abriremos para ver si es el".

Daisy Martínez, hermana de Roberto Antonio Martínez, explicaba mientras firmaba los documentos para llevarse el ataúd con los restos de su hermano que "la policía se burla de nosotras y nos llama locas sin entender que mañana podrían ser ellos los que perdiesen a un familiar". Asegura que "si los familiares no contamos todo lo que sabemos "es de puro miedo que tenemos a que después vengan a por nosotros".

Se niega a aceptar la forma en que murió su hermano y "la forma en que nos han tratado desde aquella noche". Afirma que "en Honduras no existe la justicia".

El trabajador de CODECO explica que no pueden permitir que se abran las bolsas "por el foco de contaminación para los trabajadores que eso supondría".

El subinspector Castillo de la policía nacional de Honduras, que lleva el recuento de los cadáveres que salen de la academia dijo que el miércoles por la noche que quedaban aun 139 cadáveres por entregar.