El embajador de Colombia en Perú, Jorge Visbal Martelo, renunció a su cargo horas después de que la Fiscalía ordenara el miércoles su captura por sus presuntos vínculos con los grupos paramilitares.

El diplomático es acusado del delito de concierto para delinquir agravado, o la asociación de dos o más personas para cometer un número indeterminado de crímenes, indicó la Fiscalía en un comunicado de prensa en su página de internet. La pena mínima por ese delito es de tres años de prisión.

El abogado de Visbal, Abelardo de la Espriella, dijo telefónicamente en la jornada que no iba a hacer ningún pronunciamiento hasta tanto fuera notificado oficialmente de la decisión en contra de su cliente.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que designó a Visbal como embajador en Lima donde presentó cartas credenciales en febrero del 2011, no comentó el caso de inmediato.

Los hechos investigados tienen relación a "cuando (Visbal) se desempeñó como presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, entre los años 1998 y 2004", añadió el ente investigador, sin ofrecer otros detalles.

Durante esos seis años, Visbal, de 59 años, habría tenido vínculos con las bandas paramilitares.

La fiscal Deicy Jaramillo, encargada de escuchar los testimonios de paramilitares desmovilizados, ha explicado que hace aproximadamente dos años el desmovilizado paramilitar John Jairo Hernández, alias "Daniel Centella", declaró que Visbal se habría reunido con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar para gestionar apoyo de esos grupos ilegales para la campaña reeleccionista de 2006 del entonces presidente Alvaro Uribe (2002-2010).

Visbal, que también fue embajador de Colombia en Canadá y congresista entre 2006 y 2010, fue igualmente mencionado en declaraciones por los ex cabecillas paramilitares Iván Roberto Duque, alias "Ernesto Báez", y Salvatore Mancuso.

En julio del año pasado, cuando Visbal se presentó a una diligencia de descargos, el abogado De la Espriella aseguró que "ni Mancuso ni Báez señalaron a mi cliente de pacto alguno" con el paramilitarismo.

Visbal, según De la Espriella, no negó en la Fiscalía haberse reunido con ex jefes paramilitares, pero advirtió que esos encuentros no fueron "ni ilegales ni clandestinos" y sí autorizados por los gobiernos de turno como integrante del Consejo Gremial Nacional y del Consejo Nacional de Paz, que en su momento buscaron acercamientos de paz con guerrilleros y paramilitares.

"Daniel Centella" se encuentra recluido en una cárcel de la ciudad de Barranquilla, a unos 700 kilómetros al norte de Bogotá; "Báez" en una prisión de Itagüí, 250 kilómetros al noroeste de la capital colombiana, y Tovar y Mancuso fueron extraditados en mayo de 2008 a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

Desde finales de 2006 más de 60 congresistas han sido enviados a prisión por orden de la Corte Suprema y la Fiscalía por los pactos políticos que hicieron con las bandas paramilitares.

Casi todos esos políticos son o fueron afectos a la administración del ex presidente Uribe.

En el mismo comunicado del miércoles, la Fiscalía también anunció que pidió a un tribunal de Bogotá una audiencia para imputar cargos en contra de un general en retiro del Ejército, Lelio Suárez Tocarruncho, por una aparente falsa desmovilización de guerrilleros en 2006.

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El corresponsal de Associated Press en Lima Frank Bajak colaboró a esta información.