Naciones Unidas denunció el miércoles que las autoridades mexicanas no ponen suficiente empeño en aclarar un creciente número de desapariciones atribuidas a las fuerzas de seguridad y cometidas principalmente en regiones donde se libra una guerra contra el narcotráfico.

"No se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas", informó Ariel Dulitzky, representante de un grupo de trabajo de la ONU que presentó un informe sobre la materia.

"Pareciera que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas", añadió.

El reporte de la delegación no ofreció nuevas cifras sobre la temática, aparte de las que se conocen desde el 2010 que refieren que 412 casos de desapariciones forzadas que se remontan hasta la década de los 80's. Sin embargo, Dulitzky sostuvo que "el grupo de trabajo recibió documentación de varios casos de desapariciones forzadas que habrían sido perpetradas por militares y marina".

Los estados que mencionó fueron Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, la mayoría en la frontera con Estados Unidos, donde repuntó la violencia ligada al narcotráfico.

El reporte además informó que el fuero militar carece de independencia para investigar dichas violaciones a los derechos humanos.

En la comisión participaron dos representantes del gobierno.

Las conclusiones del informe advierten que desde que el presidente Felipe Calderón desplegó a las fuerzas armadas en una ofensiva contra el crimen organizado en 2006 se han observado patrones en los que personas fueron llevadas a la fuerza para ser interrogadas y torturadas.

"El gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita así como el descubrimiento de varias fosas comunes en los últimos meses podrían indicar un deterioro en relación con las desapariciones forzadas en México", expone el documento.

Dulitzky recomendó a México implementar un protocolo para resolver casos de desaparición forzada y rescatar a víctimas.

Néstor González Sánchez, coordinador de investigaciones especiales en delitos federales para la procuraduría de México, dijo que asumiría "el compromiso de atender las recomendaciones".