El Senado aprobó el martes una reforma constitucional para que los crímenes cometidos contra periodistas en México sean investigados en el ámbito federal, un largo reclamo de organizaciones de prensa ante el creciente número de ataques y la impunidad en que se han mantenido los casos indagados hasta ahora en el ámbito estatal.

Con 95 votos a favor y ninguno en contra, la cámara alta avaló las modificaciones que permitirán a la Procuraduría General de la República (PGR) tratar en el ámbito federal los delitos contra periodistas.

La reforma ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, pero por tratarse de una modificación a la Constitución, ahora debe ser avalada por al menos la mitad más uno de los 31 Congresos estatales, antes de ser enviada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) elogió la reforma, aunque consideró que es apenas un paso para combatir la impunidad que rodea los crímenes contra periodistas.

México ha visto un aumento de ataques y asesinatos de miembros de la prensa, en momentos que diversas zonas también registran una espiral de violencia atribuida al narcotráfico.

La ONU y la OEA consideran a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) ha registrado el asesinato de 75 periodistas entre 2000 y 2011, aunque grupos de prensa difieren en cuanto a la definición de periodista en las cifras de homicidios.

Por ley, hasta ahora los asesinatos de periodistas recaían inicialmente en la jurisdicción local de cada estado por tratarse de un delito del fuero común.

La PGR ha llegado a atraer casos de crímenes contra periodistas cuando se corrobora que se trata de algún delito del orden federal, por ejemplo de la delincuencia organizada.

La reforma al artículo 73 de la Constitución aprobada por el Congreso establece que: "Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta".

En el proyecto que finalmente fue aprobado en el Senado, los legisladores consideraron que los periodistas, junto con los defensores de derechos humanos, "se encuentran en el peor momento de su vida profesional".

"No sólo las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del Estado de Derecho, sino también la inacción de las autoridades competentes, lo cual se traduce en impunidad. Afectar la libertad de expresión, es una de las formas de destruir la democracia y la sana convivencia que demanda el país", añadieron en las consideraciones para aprobar la reforma.

Joel Simon, director de CPJ, señaló en una declaración escrita que la reforma "es sólo un paso en la lucha contra la impunidad, una batalla que no será ganada hasta que los asesinos de periodistas sean juzgados y sentenciados".