Cerca de cien congresistas de Estados Unidos enviaron una carta a la secretaria de Estado Hillary Clinton en la que piden la suspensión de la ayuda al ejército y a la policía de Honduras ante denuncias de violaciones a los derechos humanos.

El gobierno hondureño no se ha pronunciado sobre la carta, pero el canciller Arturo Corrales calificó las denuncias como "parciales" y dijo que viajará el miércoles a Washington para tratar "cuestiones relativas a la seguridad".

La carta de los congresistas, enviada a corresponsales de prensa y difundida en esta capital, lleva la firma de 94 representantes quienes centran su preocupación en la zona de Bajo Aguán, en la costa atlántica hondureña.

Hacen referencia a "un patrón de violaciones de los derechos humanos que afecta a líderes comunitarios, periodistas y activistas de la oposición sometidos a ataques, amenazas y ejecuciones extrajudiciales".

La carta menciona la muerte de 45 campesinos, 7 guardias de seguridad y un periodista en el valle desde septiembre de 2009 y advierte sobre la implicación del ejército hondureño en el clima de violencia que se vive en la región. La misiva apunta que los batallones militares implicados reciben entrenamiento por parte de los Estados Unidos.

Los congresistas piden al gobierno estadounidense que "suspenda la asistencia al ejército y la policía hondureña dadas las acusaciones creíbles de serias violaciones a los derechos humanos que recaen sobre las fuerzas de seguridad".

Los firmantes señalan que el gobierno hondureño debería "investigar y perseguir a los responsables de asesinatos, amenazas y abusos, incluyendo a sus autores intelectuales y a los miembros del ejercito y la policía que hayan participado o colaborado de manera creíble en dichos abusos".

Vitalino Alvarez, portavoz del Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán, en declaraciones a The Associated Press dijo que el paso dado por los congresistas "significa que, al fin, nuestras demandas y denuncias comienzan a salir del país".

"La persecución y el hostigamiento a los que los campesinos son sometidos es constante, especialmente contra aquellos se organizan y luchan", agregó Alvarez, y calificó el valle como una "zona roja extremadamente peligrosa debido al comportamiento de las fuerzas de seguridad".

El conflicto agrario del Bajo Aguán se agudizó, según la carta de los congresistas, después del golpe de estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en junio de 2009, cuando se bloqueó el acuerdo para la entrega de tierras que los representantes de las comunidades establecidas allí desde los años 70, habían firmado con el gobierno depuesto.