Los sindicatos mayoritarios de izquierdas en España convocaron el viernes a una huelga general el 29 de marzo como medida de protesta contra la reciente reforma laboral aprobada por el gobierno.

Los comités de dirección de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) aprobaron por unanimidad el paro, que definieron como la última medida de presión posible tras la negativa del presidente Mariano Rajoy a abrir un diálogo para retocar el texto.

Si gobierno y sindicatos no lo remedian antes, el 29 de marzo se vivirá la octava huelga de la era democrática inaugurada en España tras la muerte de Francisco Franco en 1975 y la segunda en menos de dos años.

El último paro convocado por UGT y CCOO tuvo lugar el 29 de septiembre de 2010, cuando los socialistas estaban todavía en el poder, como medida de protesta contra los planes de austeridad y otra reforma laboral. Su seguimiento fue muy desigual.

El ejecutivo aprobó en febrero una nueva ley que abarató considerablemente las condiciones de despido, en un intento por frenar la sangría del desempleo, cuya tasa roza el 23%.

El texto fue convalidado el jueves en el Parlamento, gracias a la amplia mayoría del centroderechista Partido Popular en la cámara baja.

La nueva ley elimina la indemnización de 45 días por año trabajado y la sustituye por una de 33 días. Pero además, el texto revisa la flexibilidad laboral y el llamado despido objetivo o procedente.

En ese sentido, las empresas que registren pérdidas o tres trimestres consecutivos de caída de ingresos podrán despedir empleados con una compensación de 20 días por año trabajado.

Los sindicatos señalaron que la reforma es injusta para el trabajador, porque favorece el despido masivo. Además, consideraron que la ley no tiene encaje posible en una economía al borde de regresar a un escenario de recesión.

Por su parte, el gobierno del PP dijo que la ley permite a los empresarios buscar otras opciones antes que acudir a la vía del despido y señaló que cuando los vientos económicos soplen favorables será más fácil crear empleo.

De hecho, y a corto plazo, el propio ejecutivo admitió que en 2012 podrían destruirse otros 630.000 puestos de trabajo, lo que podría elevar hasta casi 6 millones el número de desocupados en el país ibérico.