Un ministro de la Suprema Corte propuso amparar y declarar la libertad de una francesa condenada a 60 años de prisión por su implicación en un secuestro y cuyo caso desató un diferendo entre México y Francia.

El ministro Arturo Zaldívar consideró que las autoridades mexicanas violaron varios derechos de la francesa Florence Cassez, incluido el de notificación consular y de presunción de inocencia, por lo cual se le dejó en una "indefensión total".

Cassez presentó en 2011 un recurso ante la Suprema Corte para que revisara un amparo que un tribunal menor le negó.

El máximo tribunal divulgó el miércoles las principales conclusiones del proyecto elaborado por Zaldívar y que aún debe ser analizado por una sala de cinco ministros de la Suprema Corte en una fecha aún por determinar.

El sentido del proyecto es un revés para el gobierno federal mexicano que ha defendido el proceso contra Cassez, arrestada a fines de 2005 y quien se ha declarado desde entonces inocente.

Un tribunal rechazó a principios de 2011 un amparo de su defensa y ratificó la sentencia de 60 años de prisión por secuestro contra Cassez, quien ha recibido el apoyo del gobierno del presidente Nicolás Sarkozy.

La molestia de Francia por el fallo del tribunal llevó a Sarkozy a anunciar que dedicarían a Cassez un festival que en 2011 celebraría la cultura mexicana, lo cual enojó al gobierno de México que anunció el retiro de las actividades.

El caso se ha mantenido en la atención pública dentro y fuera de México debido a que la policía mexicana reconoció que reconstruyó la captura de Cassez para los medios de comunicación, un día después de que había sido detenida.

El proyecto del ministro consideró que no hay "justificación constitucional alguna el tiempo en el que Florence Cassez fue retenida en esa propiedad y expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la Agencia Federal de Investigación, con el objetivo de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres secuestros".

Consideró que hubo una violación a los derechos de asistencia consular inmediata y a la puesta a disposición sin demora.

"Estas violaciones provocaron la afectación total del procedimiento al tener una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la defensa adecuada", añadió la Corte sobre el proyecto.

Cassez fue originalmente sentenciada en 2008 a 96 años de prisión por cuatro secuestros, aunque un año después, se le redujo la pena a 60 años al absolverla de uno de los plagios.

Tras la condena en su contra, el gobierno galo ha pedido que Cassez cumpla en Francia la pena y ha echado mano de un acuerdo internacional, denominado Convenio de Estrasburgo, que data de 1983 y el cual señala que los países signatarios podrán solicitar el envío de una persona sentenciada a su nación de origen para cumplir sentencia.

México ha rechazado enviar a Cassez a Francia, por considerar que no veía condiciones que garantizaran que la mujer cumplirá su condena en territorio francés.