Un ex gerente de un refugio para hijos de inmigrantes sin permiso de residencia en el país fue juzgado el miércoles, acusado de abusar sexualmente de seis muchachos bajo su cuidado.

La fiscalía del condado de Orange dijo que Víctor Salazar magreó a los chicos en su oficina cuando realizaban llamadas telefónicas controladas a sus padres en América Central.

Un jurado comenzó el miércoles a escuchar el caso.

Si es convicto, el acusado, de 30 años, podría pasar una década en la cárcel por el presunto abuso, que obligó a las autoridades a instalar puertas con cristaleras en el refugio, mejorar las cámaras de vigilancia y prohibir el transporte de un niño por un solo miembro del personal del centro.

El caso afecta al programa regentado por el departamento de Salud y Recursos Humanos para los hijos menores de inmigrantes sin permiso detenidos por los agentes fronterizos.

Muchos de los niños parten de Centroamérica para reunirse con su familia en Estados Unidos, otros huyen ante los abusos a los que son sometidos o en busca de trabajo para ayudar a sus familiares.

"Era su conexión con la familia", dijo el fiscal adjunto del condado de Orange, Mark Birney. "Si querían hablar con su familia, se encargaba de organizar las llamadas".

Fue dejado un mensaje con la abogada de Salazar, Lisa Eyanson, en busca de comentarios.

Más de 6.000 niños de Guatemala, El Salvador y Honduras quedaron bajo la custodia federal en el 2009. casi todos ellos, como las presuntas víctimas en el caso de Salazar, eran adolescentes, según las estadísticas federales.

Salazar comenzó a trabajar en el refugio de la localidad californiana de Fullerton en marzo del 2006, cuando fue inaugurada.

Tras la denuncia de un adolescente, Salazar fue suspendido de empleo y las autoridades llamaron a la policía.

La investigación descubrió seis niños con denuncias similares, entre ellos varios transferidos a la custodia de sus parientes en otros lugares de Estados Unidos.

La fiscalía sostiene que Salazar abusó de seis muchachos de 15 y 16 años entre mayo del 2007 y febrero del 2008.

Algunas de las víctimas dijeron que no denunciaron los abusos inmediatamente por temor a ser deportados o quedarse sin poder llamar por teléfono a sus familiares si se quejaban, según la fiscalía.