Una corte chilena anuló el permiso ambiental para construir la megacentral termoeléctrica Castilla, del grupo brasileño MPX, que aportaría a 2.100 megavatios a un costo de unos 4.500 millones de dólares.

La empresa, ligada al millonario brasileño Eike Batista, apelará la resolución que obliga al Servicio de Evaluación Ambiental anular el permiso de construcción, dijo el abogado Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

En este caso, la corte dirigió su fallo a la calificación de la empresa por parte de una autoridad de salud regional, no a la termoeléctrica en sí.

El recurso que anuló la autorización para levantar Castilla, a unos 800 kilómetros al norte de Santiago, fue presentado por pescadores y residentes de la caleta Totoral y acogido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

El tribunal calificó de "ilegal" la calificación de "molesta" que hizo de la termoeléctrica el secretario regional ministerial de salud, Nicolás Baeza, cambiando la categoría de "contaminante" realizada por su antecesora, Pilar Merino.

"Lo que nosotros sabemos es que si la calificación industrial es contaminante, el proyecto no se puede construir según la normativa del plano regulador del sector", declaró el abogado de la comunicad Totoral, Alvaro Toro.

La termoeléctrica abastecería principalmente a las grandes mineras de la región.

La organización no gubernamental Océana, que apoyó las batalles legales de los vecinos para evitar la instalación de la termoeléctrica, dijo en un comunicado que el fallo "nos da una oportunidad como país para evitar el error que significa construir hoy la termoeléctrica a carbón más grande de Sudamérica".

Castilla contaba con la autorización ambiental desde hace un año aunque no había comenzado a levantar las obras, que quedarían cerca de un área marina donde hay poblaciones de pingüinos Humboldt, Guanay y otras aves marinas, además de una colonia de tortugas marinas "verde".

En Chile la mayor parte de la producción energética se basa en el agua, el petróleo y el carbón.

Ecologistas y políticos de centroizquierda se oponen a la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en el extremo sur porque, según dicen, intervendrá un par de ríos de aguas prístinas, alterará la vida de los huemules --una especie de ciervo pequeño en peligro de extinción--, desplazará de sus hogares a una veintena de familias y afectará el potencial turístico de Aysén, 1.800 kilómetros al sur de Santiago.

Los responsables del proyecto hídrico se defienden señalando que las represas, que no funcionarían antes de 2020, inundarían 5.910 hectáreas, menos de un 5% de la Patagonia chilena.

Las centrales del proyecto de capitales italianos y chilenos conocido como HidroAysén planea generar 2.750 megavatios que serían transportados hacia Santiago mediante 1.912 kilómetros de líneas de transmisión, 163 de ellos submarinas, por un valor cercano a los 7.000 millones de dólares.