Tras considerar falsos los señalamientos, un fiscal se abstuvo de seguir adelante con una investigación sobre el vicepresidente colombiano Angelino Garzón señalado de tener presuntos vínculos con la guerrilla de las FARC, se informó el miércoles.

El auto inhibitorio, conocido por la AP, fue emitido por Pedro Oriol Avella, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el pasado 27 de febrero, pero sólo hasta el miércoles fue notificado a las partes interesadas en el proceso.

El 24 de mayo de 2011, un fiscal de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, o la dependencia del ente investigador que recoge las declaraciones de los integrantes desmovilizados de grupos al margen de la ley, compulsó copias para que otro fiscal de mayor rango investigara las acusaciones que en contra de Garzón hizo Diego Fernando Hernández Trejos, alias "Carlos", un guerrillero desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Alias Carlos y otros desmovilizados aseguraron en la Fiscalía que el 19 de febrero de 2002, Garzón, quien entonces era ministro del Trabajo del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), se habría reunido con los comandantes de las FARC "Richard", "Freddy" y "J'', del frente 30 de ese grupo, y miembros de la columna "Manuel Cepeda Vargas" y que en ese encuentro se le entregaron al funcionario 160 millones de pesos (unos 89.900 dólares).

El supuesto encuentro de Garzón con los guerrilleros, según Carlos, se habría realizado en zona rural del municipio de Dagua, departamento de Valle del Cauca y a unos 280 kilómetros al suroeste de Bogotá.

Para la Fiscalía, las declaraciones de alias Carlos y otros desmovilizados son falsas y durante la investigación no se pudo demostrar que Garzón se hubiera reunido con los supuestos guerrilleros de las FARC y mucho menos que les hubiera recibido dinero.

La Fiscalía explicó además en un comunicado que los ex rebeldes dijeron que Garzón era entonces gobernador del Valle del Cauca, lo que era falso, y que recibió el "dinero para financiar su reelección y facilitar el secuestro" de unos diputados de la Asamblea Departamental de Valle del Cauca.

El vicepresidente Garzón ya había enviado a fines del 2011 --al iniciarse la averiguación preliminar en la Fiscalía-- una carta a la Procuraduría General en la que, tras rechazar las declaraciones que hizo el rebelde, advirtió sobre varias inconsistencias en la denuncia que entregó en la Fiscalía el desmovilizado.

Garzón, un ex sindicalista, de 65 años, aspira en la actualidad a ser el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).