Un jurado en Houston determinó el martes que el financista texano R. Allen Stanford es culpable de todos los cargos que enfrentaba, salvo uno, en relación con el fraude por 7.000 millones de dólares que sufrieron numerosos inversionistas, muchos de ellos en países latinoamericanos.

Se trató de una de las mayores estafas con el esquema de pirámide en la historia de Estados Unidos, la cual logró operar por 20 años.

El jurado federal declaró a Stanford culpable de 13 de los 14 cargos que enfrentaba. Señaló en cambio que el financista era inocente de un cargo de fraude por medios electrónicos.

Stanford, de 61 años, miró hacia el suelo cuando se le leyó el veredicto. Su madre y sus hijas se encontraban en el tribunal y se abrazaron entre sí. Una de las hijas comenzó a llorar.

"Estamos decepcionados con el resultado. Asumo que apelaremos", dijo Alí Fazel, uno de los abogados de Stanford, después de la audiencia. Agregó que la orden de silencio del juez le impedía hacer más comentarios.

Los fiscales describieron a Stanford como un artista del engaño que se llenó los bolsillos con dinero de inversionistas para financiar una serie de negocios fallidos, pagar un estilo de vida suntuoso que incluía yates y aviones privados, y sobornar a autoridades para que le ayudaran a esconder su ardid.

Los abogados de Stanford le dijeron al jurado que el financiero era un empresario visionario que ganaba dinero con inversiones y que dirigía negocios legítimos.

El financiero ha estado tras las rejas desde su acusación formal en el 2009, y seguirá en prisión hasta que se le dicte sentencia.

Stanford, alguna vez considerado uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel por los cargos más graves, pero podría permanecer preso por mucho más tiempo si un juez ordena que sus sentencias no se purguen de manera simultánea.

El siguiente paso es un juicio civil con el mismo jurado sobre los esfuerzos de la fiscalía para confiscar fondos de más de 30 cuentas bancarias a nombre de Stanford o de sus compañías en diversas partes del mundo, incluyendo Suiza, Reino Unidos y Canadá.

Stanford llegó a tener una fortuna calculada en más de 2.000 millones de dólares, pero debió recurrir a defensores públicos luego de la incautación de sus bienes.

Durante el juicio, los fiscales alegaron que Stanford orquestó un esquema fraudulento de inversiones y estafó miles de millones de dólares a quienes invertían en supuestos certificados de depósito en su banco con sede en Antigua y Barbuda. Además de esas islas caribeñas y Estados Unidos, el banco tenía clientes en varios países latinoamericanos como México, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador.

Los fiscales dijeron que Stanford mintió a los inversionistas diciéndoles que sus fondos estaban a salvo invertidos en acciones, bonos y otros títulos, cuando en realidad fueron canalizados a sus negocios y cuentas personales.

El principal testigo de la fiscalía — James M. Davis, ex director de finanzas de varias compañías de Stanford — dijo al jurado que él y Stanford falsificaron estados de cuenta bancarios, reportes anuales y otros documentos con el fin de esconder el fraude.