Cientos de personas marcharon en Bogotá y en al menos otras nueve ciudades del país para exigir al gobierno del presidente Juan Manuel Santos protección para los líderes y campesinos que reclaman la restitución de sus tierras que fueron despojadas por grupos armados ilegales.

Aunque la jornada de manifestación, convocada por grupos no gubernamentales como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), no fue multitudinaria, sí fue la primera que enfrente el gobierno Santos por parte de activistas que promueven la devolución de las tierras despojadas por los ilegales a sus legítimos dueños al menos en las dos últimas décadas.

"A mí me sacó 'a la brava' (a la fuerza) de Orito, en Putumayo en 2005 las FARC. Yo siempre sembré yuca y maíz...nunca me gustó sembrar coca" o materia prima de la cocaína, dijo a reporteros José Antonio Esguerra.

Esguerra, un agricultor de 58 años, dijo perdió sus 200 hectáreas de tierras a manos de los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el sureño departamento de Putumayo, en la frontera con Ecuador.

"Me estoy inscribiendo a lo de restitución de tierras ya que es un trámite complicado....pero lo vamos a lograr", agregó el campesino en la Plaza de Bolívar en Bogotá.

Junto con unas 1.200 personas, Esguerra marchó desde un edificio en el centro capitalino hasta la plaza, en una caminata de unas 12 cuadras y en las que no se presentaron incidentes, dijo a la AP el mayor Ricardo Sambrano (sic), comandante de la Policía de Tránsito en la zona centro.

"A nosotros nos quitaron las tierras los paramilitares en el departamento del Meta, eso fue en 1988 y mi familia tuvo que salir desplazada...a toda la familia (ella y cuatro hermanos) nos quitaron más de 800 hectáreas" en Meta, al sur del país, dijo María del Carmen Mayuza, de 57 años, también en la Plaza de Bolívar.

Concentraciones y caminatas similares se escenificaron en localidades como Villavicencio, capital del Meta y Montería, en el departamento de Córdoba, al noroeste colombiano; y otras varias localidades.

Desde Montería, el representante a la Cámara por el izquierdista partido Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, también miembro de Movice, dijo en entrevista telefónica que los dos principales motivos de la movilización era pedir protección al gobierno para líderes que reclaman el retorno de sus tierras, pero además que agilice la restitución de esos terrenos.

Aseguró hasta ahora sólo se han devuelto unas 1.000 hectáreas y eso fue por decisión judicial el año pasado y no por la llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en vigencia desde el pasado 1 de enero.

"Lo que ha hecho el gobierno hasta ahora es, por ejemplo, entregar tierras que son de 'extinción de dominio'" o cuya propiedad se retiró en los tribunales porque su origen era ilegal como del narcotráfico, dijo Cepeda.

"Nadie dice que eso está mal", agregó el congresista, pero una cosa es formalizar o titular terrenos baldíos y otra "meterle la mano a quienes tienes las tierras. Las tierras no las tienen los paramilitares, ni los guerrilleros, las tierras las tienen los grandes empresarios" y que las adquirieron una vez que los ilegales evacuaron a sus legítimos dueños.

A parte de la divergencia en las cifras oficiales y la de los activistas sobre los procesos de entrega de lotes, el grupo Movice resaltó en un comunicado que desde el 2005 y hasta el año pasado se han producido 66 asesinatos de personas desplazadas y líderes de tierras, al menos 40% de ellas --unas 26 personas--entre el 2010 y el año pasado.

El senador Jorge Robledo, también del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo, ha dicho que el gobierno habla en general que ha devuelto 800.000 hectáreas desde el inicio de su gestión, en agosto del 2010, y hasta enero pasado, pero asegura que sólo 18.000 de esas hectáreas son de lotes robados.

Agregó que el resto lo constituyen terrenos que se "formalizaron" o que se le entregaron los títulos de propiedad a los ocupantes, sin que ellos necesariamente fueran víctimas de despojo en el pasado.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, rebatió que el gobierno no esté trabajando por el tema de las tierras y devolverlas a sus dueños, así como en la protección de los líderes de las reclamaciones.

Dijo que respetaban el derecho a la protesta y que estaba consciente de que "iniciar la reclamación de sus derechos puede implicar riesgos para las víctimas", pero que era precisamente esta administración la que había "enmendando el olvido que se había cometido contra los despojados de la tierra" al promover la aprobación de la ley el año pasado.

"Esta ley comenzó a regir el primero de enero de 2012. Estamos trabajando diligentemente, en todo lo concerniente a la implementación institucional, para que esta ley se haga realidad lo más pronto posible", dijo Restrepo en un comunicado.

Desde inicio de año y hasta el momento se han recibido en oficinas estatales 8.952 solicitudes de restitución de tierras correspondiente a 683.765 hectáreas en distintos puntos del país, aseguró.

La propiedad de la tierra ha sido descrita comúnmente como una de las raíces del conflicto armado interno en este país de 114 millones de hectáreas, de las cuales grupos no gubernamentales y funcionarios afirman que al menos seis millones fueron robadas a sus legítimos dueños --desde campesinos hasta el Estado-- por paramilitares, narcotraficantes y guerrillas desde los años 80.