Ecologistas brasileños acusaron el martes al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff de provocar un fuerte retroceso en la política ambiental del país, que se prepara para celebrar en junio la mayor cumbre ambiental de las últimas décadas.

Los ambientalistas, incluida la ex ministra del Medio Ambiente Marina Silva, citaron en una declaración pública las alteraciones al Código Forestal, la reducción de unidades de conservación y el atropellamiento en la concesión de licencias ambientales para proyectos de desarrollo como ejemplos del retroceso.

Marcio Santilli, del Instituto Socioambiental, aseguró que el gobierno de la presidenta Rousseff está rifando el patrimonio natural brasileño con su política que prioriza desarrollo sobre preservación ambiental.

"Tiramos a la basura lo que demoramos muchos años para alcanzar", expresó el activista al presentar el documento en conferencia de prensa. "Dilma (Rousseff) necesita saber que ella debe velar por el patrimonio nacional", agregó.

La declaración señaló que "el primer año del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff fue marcado por el mayor retroceso de la agenda socioambiental desde el final de la dictadura militar, invirtiendo una tendencia de mejora de la agenda de desarrollo sustentable que venía siendo ejecutada a lo largo de todos los gobiernos desde 1988".

Una de las grandes preocupaciones de los ambientalistas es la reforma del Código Forestal, en fase de votación final en el Congreso, que según el documento abrirá las puertas a una amnistía para quienes deforestaron los ecosistemas del país como la Amazonia y el Pantanal, según el documento firmado por 12 organizaciones, incluidas Ríos Internacionales, Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia y World Wildlife Fund Brasil.

Citaron también un recién aprobado decreto legislativo que permite reducir áreas de conservación en la Amazonia para construir represas hidroeléctricas, así como el congelamiento del proceso de reconocimiento de territorios indígenas y de comunidades descendientes de esclavos negros.

Los ambientalistas lamentaron que los "ataques a las conquistas socioambientales" abren las puertas para otros proyectos que impactarán la preservación, como una enmienda constitucional que dificultará la creación de nuevas unidades de conservación y el reconocimiento de tierras indígenas, así como normas para permitir el cultivo de caña de azúcar en la Amazonia y el Pantanal.

El documento también acusó al Ministerio del Medio Ambiente de permitir el debilitamiento de los organismos ejecutores de la política ambiental.

Dicho ministerio inicialmente no se pronunció sobre el documento, como tampoco lo hicieron otras entidades del gobierno.

Los ambientalistas instaron a la presidenta a retomar la ejecución de una agenda de sustentabilidad para evitar "graves perjuicios" para el país y que Brasil no llegue a la conferencia mundial de desarrollo sustentable, conocida como Rio + 20, en la doble condición de villano y anfitrión. La cita será en junio en Rio de Janeiro.