Legisladores de Connecticut y grupos defensores de los derechos civiles están apremiando a la Legislatura estatal para que modifique una ley que, aseguran, promueve la etiquetación racial.

Los quejosos buscan cambios que aseguren que la ley sea supervisada y aplicada adecuadamente.

Bajo la ley en vigor, los departamentos de Policía de Connecticut no deben practicar el encasillamiento racial y tienen obligación de presentar a la Comisión de Asuntos Afroestadounidenses reportes anuales sobre detenciones por violación al reglamento vial, así como de las quejas por presuntas detenciones basadas en etiquetación racial, para su revisión.

Desde que fue promulgada en 1999, sin embargo, algunos dicen que la ley abanderada por el ahora fallecido senador Alvin W. Penn no ha sido aplicada por el estado debido a asuntos presupuestarios y de dotación de personal.

Glenn Cassis, director ejecutivo de la comisión, afirmó que el año pasado sólo aproximadamente 27 de los departamentos de Policía del estado recolectaron y reportaron los datos, lo cual es exigido por la ley estatal.

Recientemente, indicó, la cifra ha aumentado al prestarse más atención al asunto debido a la presunta discriminación policial en East Haven, donde cuatro policías fueron arrestados por el FBI; y, un reporte reciente del Hartford Courant encontró disparidades raciales en las detenciones viales por parte de la Policía.

En un intento de finalmente fortalecer la ley, legisladores estatales y miembros de la Comisión Latina y Puertorriqueña y de la Comisión de Asuntos Afroestadounidenses, están recomendando cambios a ésta para que recaiga en la Oficina de Política y Administración (OPM por sus iniciales en inglés) del estado la responsabilidad de revisar los datos y emitir un reporte.

Defensores de la enmienda dicen que la OPM estará mejor equipada para procesar los datos de detenciones viales y de otras actividades de la Policía y que además tendrá la capacidad de sancionar a departamentos que no acaten la ley.