El presidente Mauricio Funes sancionó el viernes la Ley de Medicamentos que permitirá a los salvadoreños acceder a productos de calidad y a precios accesibles, y con la cual se pondrá fin a prácticas oligopólicas que se han registrado en este mercado.

"La ley de medicamentos que hoy sancionamos permitirá dar paso a un mercado más transparente y competitivo, que hará que El Salvador ya no esté a expensas de las grandes comercializadoras de medicamentos que hasta el día de hoy han monopolizado el mercado", aseguró el mandatario.

"Hoy se termina con las prácticas monopólicas, oligopólicas y abusivas. Hoy se pone, primero, el derecho a la salud del pueblo antes que los intereses de grupos empresariales", afirmó.

Funes explicó que en El Salvador los medicamentos de marca se compran a un precio 52 veces mayor que el precio de referencia internacional, y los genéricos con costos 28 veces mayores que en otros países.

La ley fue aprobada el 22 de febrero con los votos de 80 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, de todos los partidos políticos representados en el Congreso Unicameral.

La legislación tiene como fin abaratar los precios de las medicinas y pone restricción a los precios y crea un ente regulador para el control permanente de la calidad, fabricación, importación y distribución.

La nueva normativa establece un límite al precio de las medicinas, que no podría ser mayor a cinco veces el precio de referencia según los paramentos de la Organización Mundial para la Salud (OMS).

En ningún caso podrá ser mayor al precio promedio de Centroamérica y Panamá.

Además regulará los precios de los medicamentos genéricos que deberán tener un costo entre el 30% y 40% menos que los precios de los medicamentos innovadores.

Se creó la Dirección General de Medicamentos, una Autónoma conformada por representantes de la Presidencia de la República, ministerios de Salud, Economía y Hacienda; Universidad Nacional de El Salvador, Defensoría del Consumidor, Instituto Salvadoreño del Seguro Social y universidades privadas.

Esa Dirección calificará y autorizará la difusión de la publicidad evitando que esta lleve omisión, exageración, inexactitud, o que pueda inducir al consumidor a engaño, error o confusión sobre el origen del producto.

La ley entrará en vigencia en 30 días a partir de su publicación en el Diario Oficial.