En un intento por disuadir a los pandilleros y criminales de cobrar el denominado "impuesto de guerra" a empresarios y particulares, el Congreso unicameral hondureño aumentó hasta a 20 años en prisión y cadena perpetua el castigo para los delitos de extorsión y chantaje.

Los 128 diputados de cinco partidos políticos de diferente ideología aprobaron la decisión por unanimidad la noche del martes.

Los congresistas reformaron el artículo 222 del Código Penal de septiembre de 1983 que establecía penas de 3 a 9 años en reclusión a los extorsionadores.

La reforma impone la cadena perpetua y una multa de 16.000 dólares a los que asesinen a sus víctimas. La pena se elevará un tercio más cuando los delincuentes sean policías o servidores públicos.

La iniciativa fue enviada al Congreso por el presidente Porfirio Lobo, quien depura desde hace seis meses la policía tras denunciar públicamente que está coludida con el narcotráfico y el crimen organizado.

"El famoso impuesto de guerra que cobraban los mareros (pandilleros) será parte del pasado porque con esta ley damos respuesta al clamor del pueblo", dijo en la sesión legislativa, trasmitida por el estatal canal 8 de televisión, el diputado del oficialista Partido Nacional Ricardo Díaz.

Su colega Mario Pérez, también del Partido Nacional y presidente de la comisión que dictaminó la medida, aseguró que "así disuadimos dos delitos que han dejado más de 200 personas asesinadas por denunciar esos abusos, unos 6.000 pequeños y medianos negocios cerrados en tres años y numerosas familias que han abandonado aterrorizados el país por negarse a pagar".

Señaló que "la extorsión y el chantaje se generalizaron en Honduras y han afectado el patrimonio de sus víctimas pobres y con dinero... y así enfrentamos a las organizaciones delictivas dedicadas a cobrar el impuesto de guerra".

Según las autoridades, los delincuentes cobran un promedio de 80 dólares mensuales a taxistas, conductores de autobuses del servicio público, maestros y vecinos de barrios para no ser molestados ni asesinados. La cuota aumenta a 600 dólares al mes para los pequeños o medianos comerciantes.

La pena máxima por cada delito es de 30 años.

Honduras es considerado uno de los países más violentos del mundo por las Naciones Unidas, con una tasa de 86 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa mundial promedio es de 8,8.