En Colombia continuó registrándose en 2011 un gran número de ataques y agresiones contra defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, entre otros, señaló el lunes un informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Aunque el gobierno del presidente Juan Manuel Santos llevó adelante iniciativas en favor de los derechos humanos "estos esfuerzos no han logrado el impacto deseado a nivel local", sostuvo el informe de ese organismo, al frente del cual se encuentra la alta comisionada, Navy Pillay.

El informe correspondiente a 2011 fue presentado en Bogotá por el representante en Colombia, Todd Howland.

El documento observó que "de particular importancia fueron las significativas iniciativas (del gobierno) para corregir violaciones a los derechos humanos del alcance de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como 'falsos positivos' o de las interceptaciones ilegales masivas por servicios de inteligencia".

"La oficina en Colombia continuó registrando (en 2011) con preocupación un gran número de ataques y agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos, lideresas y líderes comunitarios, sociales, afrocolombianos e indígenas, sindicalistas y periodistas", dice el informe.

A través de panfletos y correos electrónicos activistas han sido amenazados en al menos 16 de los 32 departamentos del país, agregó el documento. Dichas amenazas, al parecer, provinieron de grupos de ultraderecha o paramilitares".

También, según el informe, hubo detención de activistas "sin una adecuada investigación". En cuanto a las labores de espionaje contra defensores de derechos humanos y periodistas, el informe destacó la condena a 25 años de cárcel, en septiembre de 2011, en contra de Jorge Noguera, un ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) -- la policía secreta-- que según la Corte Suprema de Justicia estuvo detrás del asesinato en 2004 del activista Alfredo Correa De Andréis.

El informe destacó positivamente que el gobierno hubiera sancionado la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, con la que se pretende el resarcimiento de por lo menos cuatro millones de personas que han sido afectadas por la violencia que por décadas ha azotado a este país.

No obstante, advirtió el informe, la mencionada ley "presenta vacíos, como la exclusión de las víctimas de miembros de grupos armados ilegales, que puedan haber podido sufrir violaciones de los derechos humanos, o de niñas y niños víctimas de reclutamiento que no hayan separado del grupo armado ilegal antes de cumplir 18 años".

"La práctica de las ejecuciones extrajudiciales no se ha erradicado totalmente", advirtió el informe, que también recordó que hasta agosto de 2011 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tenía 1.622 casos de aparentes homicidios de civiles atribuidos a miembros de la fuerza pública.

La Oficina hizo hincapié que la justicia penal militar debe abstenerse de conocer y de reclamar competencia en aquellos procesos en los que se investigan violaciones a las garantías fundamentales. Esos casos, dijo, los debe conocer la justicia ordinaria.