Empresas y grupos defensores de los derechos humanos acuden esta semana a la Corte Suprema de Estados Unidos para dirimir si las víctimas extranjeras de crímenes de guerra, asesinatos y otras atrocidades pueden llevar a compañías multinacionales a los tribunales estadounidenses y demostrar que fueron cómplices de abusos y que deben pagar indemnizaciones.

Grupos de derechos humanos dicen que una ley de 223 años de antigüedad da a los extranjeros el derecho de hacer que las empresas rindan cuentas por su participación en atrocidades. Las empresas de minería y energía han sido los blancos más frecuentes de estas demandas en años recientes tras los esfuerzos de los ejércitos en Indonesia, Nigeria y otras partes para reprimir las protestas contra la explotación de yacimientos de gas y petróleo.

Los jueces escucharán el martes los argumentos sobre el alcance del Estatuto de Reclamación por Agravios a Extranjeros y de una ley de hace 20 años que permite a las víctimas de tortura demandar por la vía civil a los individuos responsables de los abusos.

El Estatuto de Reclamación por Agravios a Extranjeros pasó casi toda la historia estadounidense en el olvido; sin embargo, abogados de derechos humanos la desempolvaron a comienzos de la década de 1970. Han presentado demandas contra individuos que supuestamente participaron en los abusos y más recientemente contra empresas que hacen negocios en lugares donde ocurrieron los abusos y en Estados Unidos.

"Las empresas tienen mucho dinero y son objetivos muy atractivos", dice el profesor de leyes en la Universidad del Noroeste, Eugene Kontorovich.

Charles Wiwa, de 44 años, huyó de Nigeria en 1996 tras la represión de las protestas contra las operaciones de Shell en el delta del Níger. Wiwa y otros habitantes de la rica región petrolera de Ogobi aseguran que Shell estaba ansiosa de frenar las protestas en el área y que fue cómplice con el gobierno nigeriano de acciones que incluyeron balaceras fatales, violaciones, golpizas, arrestos y destrucción de propiedad.

El nigeriano considera que un tribunal estadounidense es el único lugar donde los ogonis pueden buscar justicia.

"Nigeria recibe mucho dinero del petróleo. No hay forma de que la empresa sea acusada de algo en las cortes nigerianas", dijo Wiwa, quien ahora vive en Chicago como refugiado político.

Otros casos pendientes contra compañías en tribunales estadounidenses son los de Chiquita Brands International por su relación con grupos paramilitares en Colombia; Exxon y Chevron por abusos en Indonesia y Nigeria, respectivamente; la británica Rio Tinto por supuestamente ayudar al gobierno de Papúa Nueva Guinea en la guerra civil, y varias empresas por su participación en el sistema de segregación racial en Sudáfrica.