El máximo tribunal de justicia abrió un proceso contra el senador Joao Ribeiro bajo la acusación de que mantuvo a 35 trabajadores en condiciones de esclavitud en una hacienda de su propiedad en la Amazonia brasileña.

El Supremo Tribunal Federal (STF, la corte suprema) acogió una denuncia formulada por la Procuraduría General de la República, según la cual Ribeiro atraía trabajadores para su hacienda Ouro Verde en el estado amazónico de Pará, donde los mantenía en condiciones análogas a la esclavitud.

A partir de la decisión, adoptada la noche del jueves por siete votos contra tres, Ribeiro enfrentará una acción penal en el STF por tratarse de un senador y contar con fuero privilegiado, por lo cual sólo puede ser juzgado en el más alto tribunal de justicia del país.

Ribeiro es senador del estado central de Tocantins por el Partido de la República, que formó parte de la coalición de apoyo al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff aunque recientemente se declaró independiente. Su oficina de prensa en el Senado informó que el legislador se pronunciaría posteriormente por escrito sobre la decisión.

El caso surgió en 2004 cuando un equipo de inspectores del Ministerio de Trabajo visitó la hacienda de Ribeiro y encontró a 35 empleados, incluido un menor, en condiciones infrahumanas de trabajo y habitación, además de carecer de asistencia médica y de derechos laborales básicos, como vacaciones, días libres y pago de cuotas de jubilación.

Según el informe del equipo de inspección, los empleados trabajaban de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde de lunes a sábado, y los domingos de 6 a mediodía.

Los trabajadores debían comprar sus alimentos y material de trabajo, los cuales eran descontados de sus salarios, por lo cual siempre se mantenían en deuda con el patrón y sin condiciones financieras de abandonar la hacienda y volver a sus lugares de origen.

Los inspectores verificaron también que los trabajadores dormían en viviendas pobres cubiertas con hojas de palma, abiertas a los costados y sin servicios sanitarios ni agua potable. Sin cocina, los alimentos eran preparados en fogatas y los trabajadores debían comer sentados en el suelo o sobre piedras.

En su defensa ante el STF, presentada en octubre de 2010, el senador alegó que los trabajadores no tenían impedimento de salir de la hacienda y que sus deudas con el empleador eran pequeñas y que no creaban un compromiso permanente.

El magistrado Gilmar Mendes acogió tales argumentos en su voto contrario a que el senador sea procesado, y citó declaraciones de los propios trabajadores, quienes dijeron que nunca vieron a alguien armado que les impidiera salir del lugar.

No hay fecha prevista para la realización del proceso contra el legislador.