El Tribunal Supremo de Justicia impuso una multa por el equivalente de 3.534 dólares a la presidenta de la comisión electoral del bloque opositor por quemar los cuadernos de votación de las primarias, lo que impidió el cumplimiento de una sentencia que ordenaba no destruir el material electoral.

El máximo tribunal dijo el jueves en un comunicado que acordó sancionar a la presidenta de la comisión electoral de la llamada "Mesa de la Unidad Democrática" (MUD), Teresa Alvanes, por desacatar el dictamen que prohibía la destrucción de los cuadernos que se usaron en las primarias del 12 de febrero, en las que la oposición eligió el rival que se enfrentará al mandatario Hugo Chávez.

Como parte de la sentencia, Alvanes fue multada por 15.200 bolívares (3.534 dólares).

El Tribunal Supremo indicó que la MUD, al quemar los cuadernos electorales, "violó la normativa" del proceso de las primarias y "desconoció" el mandato judicial.

La Comisión Electoral de la MUD, bloque que agrupa a una veintena de partidos y organizaciones opositoras, señaló en un comunicado que la coalición ejercerá "todos los recursos legales que la ley le otorga a Alvanes".

Mientras el candidato opositor, Henrique Capriles, rechazó a través de su cuenta de Twitter la sanción impuesta a Alvanes y dijo que "ningún obstáculo frenará que tengamos una Venezuela con una justicia imparcial, sin presiones y sin privilegios".

"Ahora es cuando tenemos la esperanza de lograrlo", agregó.

Chávez criticó con dureza la decisión que tomó la MUD de quemar los cuadernos electorales 48 horas después de las primarias y calificó la acción como "muy grave" porque implicó el incumplimiento de una orden del Tribunal Supremo.

La Sala Constitucional del máximo tribunal ordenó el 14 de febrero a la MUD detener la destrucción de los cuadernos electorales de las primarias por solicitud de Rafael Velázquez Becerra, precandidato de un municipio del estado occidental de Yaracuy, quien denunció irregularidades en el proceso.

La oposición anunció, previo al proceso electoral, que destruiría los cuadernos electorales para proteger el secreto del voto y evitar que se repitieran situaciones como las que se dieron en el 2004 cuando a raíz de una recolección de firmas a favor de un referendo contra Chávez se creó un listado de electores que fue utilizado para persecuciones políticas.

Cientos de personas denunciaron que tras aparecer en esa lista fueron despedidos de sus cargo en empresas públicas y se les impidió contratar con el Estado.

En abril del 2005 Chávez admitió la existencia de la referida lista.

En las primarias del 12 de febrero la oposición eligió por holgada mayoría a Capriles, gobernador del estado central de Miranda, como candidato para los comicios presidenciales del 7 de octubre. En la inédita votación participaron 3 millones de votantes, que representan 16% del padrón electoral.