Perú prepara su defensa en un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por presuntas ejecuciones extrajudiciales durante una operación de rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón en 1997.

El ministro de Justicia, Juan Jiménez, dijo el jueves en rueda de prensa que el gobierno recibió "la notificación de la Corte Interamericana admitiendo el caso (Eduardo) Cruz Sánchez contra el Perú. Nosotros, por supuesto, estamos listos para poder afrontar este caso. Tenemos las herramientas jurídicas, tenemos las pruebas, tenemos la posibilidad de garantizar un juicio, en donde Peru va a defenderse".

Jiménez presentó al abogado Pedro Cateriano como agente de Perú frente a la Corte de San José.

Cateriano es docente universitario de derecho constitucional con un doctorado en la materia. Se desempeñó como diputado entre 1990 y 1992 y como viceministro de Justicia entre 2001 y 2002. Hará equipo con los también abogados Alberto Villanueva Eslava y Joaquín Missiego del Solar.

Perú tiene 30 días para formalizar la designación de los agentes defensores. Posteriormente, tendrá dos meses para contestar la demanda con medios probatorios.

"Nosotros vamos a defender a los comandos Chavín de Huántar que con su sacrificio defendieron los intereses nacionales. Esa es la tarea del Ministerio de Justicia y el encargo que hemos recibido", explicó Cateriano sin dar detalles de la estrategia que utilizará.

Eduardo Cruz Sánchez fue uno de los 14 rebeldes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que tomaron por asalto la residencia del embajador de Japón en Lima y mantuvieron secuestrados a 72 rehenes por cuatro meses.

El 22 de abril de 1997, 120 comandos ejecutaron la operación de rescate denominada Chavín de Huántar, con el resultado de dos comandos y un rehén muertos. El gobierno de Alberto Fujimori dijo entonces que los 14 rebeldes también murieron en la acción.

Sin embargo, posteriormente un ex rehén afirmó haber visto a Cruz Sánchez capturado vivo. Exámenes forenses en el cuerpo determinaron la presunta comisión de una ejecución extrajudicial.