Una jueza penal de esta capital ordenó el jueves la detención preventiva del ex alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo por su presunta responsabilidad en la falsa desmovilización de unos rebeldes de las FARC.

Restrepo es el tercer colaborador del gobierno del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010) en enfrentar líos judiciales.

En un correo electrónico enviado a The Associated Press, Uribe calificó como grave y "otra injusticia" la decisión de la magistrada y expresó el deseo de que Restrepo "reciba toda la protección de terceros países".

La orden preventiva la dictó la jueza Susana Rodríguez, que acogió los argumentos de la Fiscalía de ordenar la detención de Restrepo por la comisión de cuatros delitos: peculado, concierto para delinquir, fraude procesal y tráfico, porte y fabricación de armas de uso privativo de las fuerzas militares.

"Se libra la correspondiente orden de captura a las diferentes entidades de inteligencia del país", dijo la jueza en una audiencia pública. Aclaró que no era de su competencia pronunciarse "sobre la circular roja (de la Interpol) que ha solicitado el señor fiscal delegado".

Ahora le corresponderá a la Fiscalía iniciar el trámite para que la Interpol detenga a Restrepo en cualquier parte del mundo, explicó en una entrevista telefónica Martín Moreno, jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía.

"Con base en la medida de aseguramiento de hoy, la Fiscalía hace la solicitud ante la Interpol (para que detengan a Restrepo)... Es un trámite que dura unos pocos días", agregó Moreno.

En la misma diligencia, la jueza Rodríguez se abstuvo de ordenar la detención del coronel del ejército Joaquín Ariza porque, según dijo, no había suficientes pruebas para ello, aunque dictó la medida de detención preventiva en contra de los ex guerrilleros Felipe Salazar Pacheco, alias "Biófilo" y Raúl Agudelo, alias "Olivo Saldaña", quienes tuvieron parte activa en la falsa desmovilización, según las investigaciones.

Restrepo, quien trabajó durante el gobierno de Uribe entre 2002 y 2009, ha proclamado su inocencia. Desde la clandestinidad, el viernes pasado aseguró en un comunicado no tener garantías en Colombia para un juicio justo, por lo que dijo estaba buscando asilo político en un país que no precisó.

El ex comisionado está prófugo y se desconoce su paradero. La Fiscalía ha dicho que salió del país el 8 de enero.

En Colombia las leyes permiten investigar y procesar a una persona en ausencia.

Tras conocer la determinación en contra de Restrepo, el vicepresidente Angelino Garzón dijo a los periodistas que "a cualquier persona, sea servidor público, sea un ciudadano o ciudadana común y corriente, que le abran una investigación, lo que hay que procurar es que le garanticen el respeto al debido proceso y que esas personas puedan demostrar su inocencia".

Las irregularidades que investiga la Fiscalía se refieren a la desmovilización y entrega de armas de más de 60 presuntos rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en marzo de 2006, en un acto público en el departamento de Tolima, que encabezó Restrepo.

Al menos dos desmovilizados denunciaron ante la Fiscalía a fines de 2010 que muchos de los rebeldes que se entregaron en 2006 en realidad eran ladrones, indigentes y desempleados que habían sido reclutados por un ex miembro de las FARC que desde la cárcel supuestamente apoyaba gestiones de paz.

Aunque no se sabe a ciencia cierta por qué se habría tramado la desmovilización de falsos rebeldes, dos guerrilleros desmovilizados han dicho que la intención era mostrar al país que las FARC estaban resquebrajadas.

Algunos aceptaron también posar como rebeldes simplemente a cambio del pago de unos 500.000 pesos (unos 270 dólares), que habrían sido pagados por un narcotraficante, según el testimonio de dos guerrilleros identificados por la Fiscalía como José Alfredo Pacheco y Luis Eduardo Montero.

El ex comisionado ha dicho que estuvo presente en toda la desmovilización, que "nunca tuvo sospechas" de alguna irregularidad en el proceso y que de haber sido así la habría denunciado a las autoridades.

En julio de 2011, otros dos importantes funcionarios del gobierno de Uribe fueron enviados a la cárcel.

Magistrados del Tribunal Superior de Bogotá ordenaron la detención del ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por supuestas irregularidades en la entrega de subsidios agrícolas, y de Bernardo Moreno, ex secretario general, por su aparente participación en una red de espionaje contra magistrados y opositores del gobierno Uribe.