La Unión Europea inició procedimientos legales contra 13 estados miembros, entre ellos España, que no han prohibido totalmente las pequeñas y estrechas jaulas de gallinas ponedoras a pesar de que se les dio más de una década para adaptarse.

Los activistas por el bienestar de los animales han sido especialmente críticos de los fallidos intentos del bloque para obligar a los granjeros a hacer el cambio dentro del plazo de 12 años.

La Comisión Europea anunció el jueves que se le solicitó información oficial en torno a la situación a Polonia, España, Italia, Francia y otras nueve naciones del bloque europeo, el primer paso de un proceso legal que podría terminar dirimiéndose en los tribunales.

Dijo que 47 millones de las alrededor de 330 millones de gallinas en la Unión Europea — aproximadamente el 14% — aún son mantenidas en jaulas en batería ilegales, a pesar de que se les informó a los países que se adaptaran a las nuevas regulaciones de la UE anunciadas en 1999.

Las nuevas normas requieren que las jaulas sean ampliadas de unos 550 centímetros cuadrados (85 pulgadas cuadradas) a cuando menos 750 centímetros cuadrados (115 pulgadas cuadradas) para ampliar el espacio del que dispone cada gallina, entre otras medidas.

La UE reconoció en sus nuevas normativas que a los estados miembros les llevaría tiempo adaptarse, así que se les dio hasta el 1 de enero de este año para cumplir, pero un plazo tan amplio fue insuficiente.

"Después de una decena de años más de la mitad de los estados no han cumplido con las nuevas normas", dijo Frederic Vincent, portavoz de la Comisión Europea.

Los granjeros que han introducido caras renovaciones en sus gallineros siguen compitiendo con otras compañías que no se han adaptado. Como medida de transición desde el 1 de enero, los huevos obtenidos bajo el antiguo sistema ahora ilegal ya sólo pueden ser vendidos para uso industrial y no a los consumidores.

Los estados miembros cuentan con dos meses para responder a la solicitud de información que les hizo la UE. Después de ello, la Comisión puede decirles que tomen más medidas para que cumplan y, a la larga, incluso llevar el caso a los tribunales.