El gobierno venezolano anunció el miércoles que inició los trámites para retirarse del órgano de arbitraje del Banco Mundial alegando que algunas de las disposiciones del convenio van en contra de la Constitución.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado que el gobierno formalizó el martes "su denuncia irrevocable" del "Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados" de 1966 el cual instituye el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Con la denuncia del convenio, Venezuela activó los trámites para retirarse de la CIADI, pero según las regulaciones la salida solo será efectiva en seis meses contados a partir del 24 de enero.

La decisión del gobierno, que podría afectar la entrada o permanencia de las inversiones extranjeras al país, se da luego que el presidente Hugo Chávez anunció a inicios de mes que Venezuela debería retirarse de la CIADI, y aseguró que su administración no reconocerá fallo alguno de esa instancia.

Chávez hizo la declaración en respuesta a la indemnización por 907 millones de dólares que la estadounidense Exxon Mobil logró en diciembre pasado en otro caso de arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional.

Al defender la decisión de salirse de la CIADI la Cancillería indicó que "Venezuela se adhirió a este Convenio en 1993, por decisión de un gobierno provisional débil y desprovisto de legitimidad popular, presionado por sectores económicos transnacionales que participaban del desmantelamiento de la soberanía nacional venezolana".

"La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 invalida, en su espíritu y en su letra, las disposiciones del mencionado Convenio", agrega el escrito.

La Cancillería sostiene que según lo previsto en la Carta Magna las controversias sobre los contratos "serán decididas por los tribunales competentes de la República".

"El Gobierno Bolivariano ha actuado con el fin de proteger el derecho del pueblo venezolano a decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación, sustrayéndolo de una jurisdicción internacional que ha fallado 232 veces a favor de los intereses transnacionales, en las 234 causas que ha conocido a lo largo de su historia", refiere el comunicado.

"Desde el punto de vista político la denuncia del tratado es una acción sumamente grave porque da entender que Venezuela no está dispuesta, o tiene la intención de no cumplir con sus obligaciones internacionales", afirmó Marcos Carrillo, profesor de arbitraje y resolución de conflictos de la Universidad Católica Andrés Bello.

Carrillo descartó que la decisión implique que los inversionistas extranjeros que operan en Venezuela, o que tengan litigios pendientes en la CIADI, hayan quedado desprotegidos de manera inmediata.

"Una vez que se ha denunciado el tratado pues el tratado sigue vigente durante seis meses", dijo Carrillo a la AP.

El académico explicó que alterno al convenio del CIADI, Venezuela está suscrita a otros tratados bilaterales de resolución de disputas a los cuales pueden recurrir los inversionistas extranjeros.

Agregó que los inversionistas también pueden acudir al "arbitraje ad hoc" utilizando las reglas de la comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional.

Sobre los procesos que tiene pendiente de decisión el gobierno venezolano en el CIADI, Carrillo dijo que esas acciones "quedan totalmente andando porque ellos no pueden aplicar retroactivamente esta denuncia".

En relación a la afirmación que realizó Chávez de que su gobierno no reconocería un fallo de CIADI en el caso de Exxon Mobil, Carrillo indicó que "eso simplemente no es posible", y acotó que el órgano de arbitraje puede hacer cumplir el fallo de manera "forzosa" a través del embargo de bienes, del petróleo o de cuentas que podrían afectar por ejemplo a Citgo, la filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Respecto al impacto que tendrá el retiro del CIADI sobre las inversiones extranjeras que operan en Venezuela, que se concentran especialmente en el sector petrolero, Luis Alfonso Herrera, director de la ONG local Un Estado de Derecho, dijo que "seguramente habrá una revisión de si continúan, si amplían un poco esa inversión, o si por el contrario cesan antes de que por una medida del poder público vayan a quedar sin sus bienes".

El gobierno venezolano tiene más de una docena de procesos pendientes de decisión en el CIADI, que tiene su sede en Washington.

Exxon Mobil, con sede en Irving, Texas, acudió a instancias internacionales buscando la compensación por sus activos que fueron nacionalizados en 2007 en la faja oriental del Orinoco, y para demandar a Venezuela por los aumentos de regalías --impuesto de extracción-- y otros tributos que comenzó a aplicar el gobierno a partir del 2004.

La gigante estadounidense aun tiene pendiente de decisión un proceso contra PDVSA en el CIADI.

Algunas corporaciones internacionales como la Conoco Phillips, Gold Reserve, Cristallex, Vanessa Ventures, Owen Illinois y Koch Industries, también mantienen procesos judiciales pendientes contra Venezuela.

Los casos de las cementeras Holcim de Suiza y la mexicana Cemex, que emprendieron acciones contra Venezuela ante la CIADI, se resolvieron tras un acuerdo de pago entre las partes.