Apenas asumió la presidencia de la Cámara de Diputados, un legislador de izquierda solicitó una revisión en algunas oficinas y el resultado fue la localización de algunos equipos que ha llevado a creer a los legisladores que eran espiados, quizá por años.

"Parece ser, por la información que nos fue entregada, que el tipo de equipos que fueron encontrados, algunos son de una generación tecnológica muy reciente y otros de hace ya mucho tiempo que permiten prever que lleven instalados algunos años", dijo el miércoles a la AP el diputado Armando Ríos Píter, coordinador del partido izquierdista de la Revolución Democrática (PRD) en la cámara baja.

Dijo que la información indica que entre las cosas específicas que se habían encontrado eran algunos micrófonos en oficinas de órganos de dirección, pero también de legisladores de todos los partidos representados en la Cámara de Diputados.

Guadalupe Acosta, diputado del PRD y quien ordenó la revisión de oficinas al asumir en diciembre la presidencia de la cámara baja, anunció el martes que había presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La dependencia federal informó la noche del martes en un comunicado que entre lo encontrado había "dispositivos que no corresponden a las características de los equipos telefónicos y que pudieran ser utilizados como mecanismos de grabación de datos".

El caso ha comenzado a ser condenado tanto por legisladores como por el gobierno de México, un país en el que hasta hace algunos años miembros de la oposición denunciaban que eran objeto de espionaje por órganos oficiales.

El gobierno ha rechazado que tenga algo que ver con el presunto espionaje a la Cámara de Diputados.

Hasta ahora no se ha dado a conocer quiénes habrían sido espiados y qué tipo de información se habría obtenido.

México tiene un congreso bicameral integrado por la Cámara de Diputados y el Senado.

El presidente del Senado, José González Morfín, condenó el miércoles el presunto espionaje y dijo que se analizará esta semana si también en las instalaciones de la cámara alta se hace una revisión.

Interrogado sobre si creía la intervención de algún posible grupo político, oficial o incluso del crimen organizado, el diputado Ríos se limitó a decir que "cualquier hipótesis hay que revisarla y analizarla".

La PGR señaló que indaga hechos que podrían derivar en el delito de intervención de comunicaciones privadas.

"Lo que está en juego es la vulnerabilidad del Poder Legislativo, de uno de los Poderes de la Unión; está en juego la secrecía y propiamente la actividad cotidiana que hacen las diputadas y diputados", dijo Ríos, también presidente de la Junta de Coordinación Política (otro órgano directivo que reúne a representantes de todos los partidos).

Erubiel Tirado, experto en seguridad de la Universidad Iberoamericana, dijo a la AP que la sensibilidad de la información que podría haberse obtenido está mucho en función de quiénes fueron víctimas del supuesto espionaje.

"No es lo mismo saber qué está diciendo el diputado del distrito quinto de Chiapas (estado del sur), que el coordinador parlamentario de las fuerzas políticas más importantes o algún diputado que preside una comisión", comentó.

Para el experto, la Cámara de Diputados "es un centro neurálgico donde llega y se emite mucha información que no necesariamente tiene que ver con procesos legislativos... sino de la agenda política en turno".

En el Congreso, por ejemplo, suelen darse reuniones privadas con los titulares de las fuerzas armadas y miembros del órgano de inteligencia para abordar algunos aspectos de seguridad que se consideran reservados.

En 2008 se registró un roce entre el Congreso y el gobierno federal cuando se dio a conocer que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (conocido como Cisen y que es el órgano de inteligencia civil de México) había contratado a una empresa privada para dar seguimiento a las actividades del Poder Legislativo.

Legisladores consideraron que eran espiados, aunque el Cisen señaló entonces que sólo se trató de recolección y sistematización de información pública.

El caso se calmó después de que el gobierno federal aseguró que el centro no espiaba a los legisladores, sino que contrató a una empresa privada para recolectar y sistematizar información pública.

El Cisen fue creado en 1989, bajo el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), grupo que perdió por primera vez la presidencia en el 2000 tras siete décadas ininterrumpidos en el poder.

En 2001, ya bajo el primer gobierno emanado de la oposición, el entonces recién designado director de esa agencia admitió que era una práctica común que el Cisen espiara a opositores políticos y aseguró que nunca más ocurriría.