Tras 20 años, la justicia chilena condenó el viernes a dos generales, uno del ejército y otro de la fuerza aérea, como responsables de una venta clandestina de armas a Croacia cuando existía un embargo de Naciones Unidas para esas operaciones.

La sala penal de la Corte Suprema en fallo unánime sentenció por exportación ilegal al general de ejército y director entonces de la fábrica y maestranzas del ejército Héctor Letelier Skinner y al general de la fuerza aérea Vicente Rodríguez Bustos, ambos en retiro, a tres años de reclusión, pero se les remitió la pena por la libertad vigilada.

Letelier recibió además una condena adicional de 541 días por el delito de falsedad, pero también se le remitió la sentencia a la libertad vigilada. Condenas similares a las de Letelier le fueron aplicadas al funcionario civil del ejército Ramón Pérez Orellana.

También fueron condenados a la misma pena los ex militares Patricio Pérez Villagrán, Pedro Araya Hermosilla y Carlos Sepúlvedad Cataldo, y a 541 días al ex brigadier David Fuenzalida González.

Tres civiles fueron también sentenciados por la Corte Suprema por su participación en la exportación ilegal de armas.

A todos los condenados se les otorgó el beneficio de la libertad vigilada.

El tráfico de 36 cajones de armas y municiones sin rotulación y que estaban dirigidos supuestamente a un país africano fue descubierto en diciembre de 1991 en el aeropuerto de Budapest y se determinó que estaban destinados a Croacia, que en esos días se encontraba en una guerra con Serbia. El cargamento de 11 toneladas de pertrechos había sido disimulado como una ayuda humanitaria y trasladado en un avión de una empresa privada.

Naciones Unidas había decretado un embargo de armas a los países en conflicto de la ex Yugoslavia.

El caso de la exportación de armas a Croacia ha sido vinculado con el asesinato en enero de 1992 del coronel Gerardo Huber, quien era alto funcionario de la división de logística del ejército. El oficial informó al ex dictador y entonces jefe del ejército Augusto Pinochet de irregularidades. Huber fue lanzado a un río pero no se ha podido determinar quiénes fueron los responsables de su muerte.

En el juicio el jefe de logística, general Carlos Krumm, el militar declaró que la venta ilegal de armas fue aprobada por Pinochet. Antes de morir en diciembre de 2006 Pinochet cumplió arresto domiciliario por esa investigación y también se le juzgó por violaciones a los derechos humanos. Pero la muerte lo encontró sin que hubiera sido condenado.