Las autoridades judiciales aplazaron el viernes una audiencia pública en la que la Fiscalía tenía previsto imputar y pedir la detención preventiva del ex Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo por una supuesta falsa desmovilización de guerrilleros de las FARC en 2006.

Restrepo no se presentó en la audiencia en el juzgado a la que también debían acudir otras 10 personas vinculadas al caso.

La abogada defensora del ex comisionado, Mildred Hartman, explicó que su cliente no se presentó por razones de seguridad, aunque no dio mayores detalles. El juzgado no fijó fecha para una nueva audiencia.

La Fiscalía ha anunciado que imputará a Restrepo y al resto de los investigados los delitos de peculado, concierto para delinquir, fraude procesal y tráfico, porte y fabricación de armas de uso privativo de las fuerzas militares.

La Fiscalía también ha dicho que pedirá la detención preventiva del ex alto comisionado y de las otras 10 personas, entre ellas los coroneles del ejército Hugo Hernán Castellanos Jiménez y Jaime Joaquín Ariza Girón, así como de Raúl Agudelo, alias "Olivo Saldaña", quien ya está detenido por otros procesos.

Delitos como el fraude procesal, es decir, inducir a un funcionario para que emita una resolución u acto contrario a la ley, son castigados con prisión de mínimo seis años de prisión.

Las irregularidades que investiga la Fiscalía se refieren a la desmovilización y entrega de armas de más de 60 presuntos rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en marzo de 2006, en un acto público en el central departamento de Tolima que encabezó Restrepo.

El ex comisionado ha dicho que estuvo presente en toda la desmovilización, que "nunca tuvo sospechas" de alguna irregularidad en el proceso y que de haber sido así la habría denunciado a las autoridades.

Varios desmovilizados denunciaron ante la Fiscalía a fines de 2010 que muchos de los "rebeldes" que se entregaron en marzo de 2006 en realidad eran ladrones, indigentes y desempleados que habían sido reclutados por un ex miembro de las FARC que desde la cárcel supuestamente apoyaba gestiones de paz.

Aunque no hay aún una versión clara sobre por qué se habría tramado la desmovilización de falsos rebeldes, dos guerrilleros desmovilizados han dicho que la intención era mostrar al país que las FARC estaban resquebrajadas y que a los falsos guerrilleros se les pagó con dinero proveniente de un narco que estaba en prisión.

El 12 de diciembre la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), que atiende a los desmovilizados, informó en un comunicado que de los 62 presuntos desmovilizados de las FARC "sólo 52 ingresaron al proceso de reintegración que ofrece el gobierno nacional y actualmente sólo de ellas 30 estaban activas en el proceso" y a las cuales se les suspendió la entrega mensual de ayuda financiera, en promedio de unos 168 dólares, debido a que existía una orden judicial por la investigación del caso.

Por sospechas de distintas irregularidades el ex ministro de Agricultura de Uribe, Andrés Felipe Arias, y el ex secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno, están en prisión preventiva desde mediados de 2011.