El alzamiento policial del 30 de septiembre de 2010, en medio del cual quedó retenido en un hospital el presidente Rafael Correa, puso en riesgo la democracia en Ecuador, señaló el viernes en un informe una misión de las Naciones Unidas que investigó los hechos.

La delegación llegó a Ecuador por invitación del gobierno ecuatoriano y mantuvo reuniones con miembros del gobierno, policías, militares, académicos, actores políticos y sociales.

En el comunicado esa misión señaló que las acciones del 30 de septiembre de 2010 evidenciaron "una amenaza al orden constitucional y democrático".

El argentino Oscar Fernández y el uruguayo Elio Tamburi, delegados del secretario general de la ONU Ban Ki-Moon, se reunieron en privado el miércoles con Correa, quien dijo que ese día "estuvo en riesgo nuestra vida, estábamos rodeados, no podíamos salir".

El 30 de septiembre de 2010 cientos de policías y militares se alzaron en defensa de beneficios salariales que estaban por eliminarse. Cuando Correa llegó al principal cuartel policial capitalino fue agredido verbal y físicamente, por lo que tuvo que refugiarse en un hospital cercano, de donde fue rescatado por militares en medio de un intenso tiroteo.

En tales acciones murieron una decena de personas.

Fernández, en declaraciones a la agencia oficial de noticias Andes, señaló que "dialogamos con todos, no restringimos nuestro acceso, nuestra colaboración es amplia y total, se trata de esclarecer hechos y de obtener versiones y visiones de distintos actores ... hemos hecho un esfuerzo de encontrarnos con la máxima cantidad de personas e instituciones".

El documento, suscrito por Fernández, aseveró que varios de los hechos del 30 de septiembre de 2010 "amenazaron la vida (de Correa)... obstaculizaron la labor legislativa, causaron el cierre de aeropuertos, así como otros acontecimientos, constituyeron un intento de desestabilización política y una amenaza al orden constitucional y democrático".

Destacó que esas acciones de violencia "generaron alarma en la región e internacionalmente por la posibilidad de que pudiesen culminar en un golpe de Estado".

Añadió que es necesario adelantar los procesos judiciales que investigan tales circunstancias aunque requirió "respetar el debido proceso".

El informe final de la misión será entregado a Ban Ki-Moon en una fecha aún no señalada.