Los legisladores en Puerto Rico han sido acusados de corrupción, consumo de cocaína y violencia doméstica, lo cual les ha granjeado el desprecio de un público ya de por sí furioso por la pésima situación económica y la delincuencia rampante en la isla.

Ahora el público va a tener la oportunidad de hacer algo al respecto.

Se le está preguntando a los votantes de este territorio estadounidense si desean enmendar su Constitución y despedir a decenas de miembros de su Senado y Cámara de Representantes, lo cual recortaría costos y reduciría el tamaño de la legislatura en casi el 30%.

Es casi seguro que la respuesta sea un resonante sí en el referéndum técnicamente vinculante.

"Que los quiten a todos. No hacen nada... Se creen que el pueblo es ciego", dijo Miguel García, un ingeniero de 58 años, después que el gobernador firmó recientemente el proyecto de ley que autoriza el referendo del 19 de agosto.

Es un sentimiento popular en la isla, donde hay una obsesión con la política local, en especial el debate interminable sobre la relación de Puerto Rico con Estados Unidos.

En buenos y malos tiempos hay un desdén generalizado por los políticos. Pero tal vez ahora los puertorriqueños tienen más razones para quejarse, dada la cantidad de escándalos que involucran a legisladores y sus salarios más elevados que los de la mayoría de sus colegas estadounidenses. Sus ingresos los colocan en el nivel superior en una isla donde casi la mitad de sus habitantes son pobres y el desempleo ronda el 16% en la economía golpeada por la recesión.

Si a eso se le agrega la cifra récord de homicidios el año pasado, los elevados costos del agua y la energía eléctrica y las escuelas en pésimas condiciones, se obtiene un electorado muy molesto. Decenas de miles de puertorriqueños se han ido en los últimos años, el mayor éxodo en décadas.

"El gobierno no respeta los mandatos del pueblo... El gobierno hace lo que le da la gana", dijo Pedro Villanueva, un jubilado de 65 años que votó en favor de un esfuerzo fallido previo para eliminar una de las dos cámaras de la legislatura.

La legislación que autoriza el referéndum fue aprobada por ambas cámaras, dominadas por el Partido Nuevo Progresista del gobernador Luis Fortuño, partidario de que Puerto Rico se convierta en el 51ero estado de Estados Unidos. La idea del referéndum le pareció llamativa a los votantes en un año electoral.

La medida reduciría el Senado de 27 escaños a 17 y la Cámara de Representantes de 51 a 39 a partir de 2017. Fortuño dice que con ello la legislatura será más eficiente.

En un sondeo efectuado en noviembre por Gaither International, una de las principales compañías de investigación de mercado en el Caribe, el 81% respondió que acudirá a las urnas y votará en favor de los recortes. La encuesta a 1.150 personas tenía un margen de error de tres puntos porcentuales.

La mayoría de los legisladores del opositor Partido Popular Democrático se oponen a los cambios propuestos.

El senador Cirilo Tirado dijo que los recortes harán que los legisladores respondan menos a las necesidades del pueblo.

"No resuelve absolutamente nada", afirmó, y dijo que el dinero ahorrado sería gastado en algo más.

"El país tiene que entender que no se trata de simplemente eliminar legisladores porque 'Estoy molesto con la asamblea legislativa''', agregó. "Ellos van a perder representación ante el sistema ejecutivo... Es un peligro para la democracia".

Tirado consideró que a los grandes intereses empresariales le será más fácil influir en una legislatura más pequeña. Sin embargo, sí está de acuerdo con los críticos que dicen que el salario y los estipendios que reciben los legisladores son excesivos.

Los legisladores puertorriqueños ganan un salario base de 74.000 dólares, sólo detrás del que obtienen los de California y Nueva York. El presidente del Senado de Puerto Rico gana casi 111.000 dólares. Los legisladores también reciben entre 152 y 160 dólares para sus gastos diarios de alimentación.

Ese salario hace enojar a Jaime Méndez, un camionero de 48 años que hace cuatro años regresó a Puerto Rico desde Nueva York, acompañado por su esposa.

"No votan y no hacen nada", afirmó.

El presupuesto del Senado es de 38,2 millones de dólares, mientras que la Cámara de Representantes gasta 47 millones de dólares. El gobierno no ha dicho cuánto se ahorrará si el referendo es aprobado.

La reputación de los legisladores también se ha visto empañada por una serie de escándalos.

En enero de 2009, el ex senador Jorge de Castro Font se declaró culpable de corrupción por canjear favores políticos a cambio de dinero en efectivo y servicios.

A principios de 2011, el ex representante Luis Farinacci renunció tras ser acusado de violencia doméstica contra su esposa. Un jurado lo declaró inocente en junio y, a pesar de que se le pidió que volviera a postularse, Farinacci desapareció del panorama político.

En febrero pasado, Rolando Crespo, encargado de la disciplina de la mayoría en la Cámara de Representantes, renunció después de que dio positivo por cocaína en un examen sorpresa obligatorio.

Y apenas este mes, el representante José Luis Rivera Guerra fue referido al comité de ética tras reconocer ante los periodistas que robó agua y energía eléctrica al gobierno para sus residencias privadas.

"El elector está muy enojado con el gobierno. No es sin razón", dijo Noel Colón Martínez, abogado y analista político que alguna vez se postuló para gobernador como miembro del Partido Independentista Puertorriqueño.

Pero argumentó que el referendo no atiende las verdaderas demandas que la gente hace a la asamblea legislativa. El está a favor de que se tenga una legislatura de medio tiempo con menores salarios y prestaciones.

En 2004 se efectuó una votación para una legislatura unicameral, medida aprobada con el 84% de los sufragios, pero los legisladores acudieron a los tribunales y a la larga ganaron su batalla en la Corte Suprema de la isla. Algunos electores temen que esta votación también sea pasada por alto, mientras que otros dicen que nada mejorará incluso con una legislatura más pequeña.

"No creo mucho en los políticos", dijo Laura Guzmán, asistente administrativa de 58 años. "Obviamente muchos no están preparados. Más grande, más pequeño, si no cambia la gente, va a seguir igual".