El juicio al magistrado español Baltasar Garzón por intervenir las comunicaciones en la cárcel entre varios de los imputados en un caso de corrupción y sus abogados entra hoy en la recta final con los informes de las acusaciones, la Fiscalía y la defensa.

Las acusaciones piden entre diez y diecisiete años de inhabilitación para Garzón, que es juzgado por el Tribunal Supremo español.

El primero en intervenir hoy es el abogado Ignacio Peláez, que ejerce la acusación en nombre propio y que fue el autor de la querella que dio origen a la causa después de que sus entrevistas en la prisión de Soto del Real (Madrid) con los supuestos cabecillas de la trama de corrupción, conocida como "caso Gürtel", Francisco Correa y Pablo Crespo, fueran grabadas por orden de Garzón.

En la sesión de ayer, tanto Peláez como las otras dos acusaciones -que representan a Correa y Crespo- elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales y mantuvieron su petición de penas para el juez de hasta 17 años de inhabilitación por prevaricación y violación de las garantías constitucionales.

La Fiscalía y la defensa de Garzón, que anunció su intención de hacer uso de su derecho a la última palabra, pedirán la absolución del magistrado al considerar que no cometió delito alguno.

En la sesión de ayer, el comisario de policía José Luis Olivera, jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, que dirigió la investigación de caso Gürtel -que implica a cargos del gobernante Partido Popular-, afirmó que, para Garzón, el derecho de defensa de los acusados "prevalecía sobre cualquier cosa".

Olivera explicó que durante toda la investigación trabajó en permanente contacto con el magistrado, que actuó de juez instructor y que destapó la trama de corrupción.

Agregó que la detención de los cabecillas de la trama no puso fin a sus actividades delictivas y que la estructura de la red seguía funcionando desde la cárcel, por lo que los agentes propusieron la intervención de las comunicaciones.

El magistrado, que en 1998 dictó una orden internacional de detención del ya fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, afronta esta semana la primera de las tres causas judiciales que tiene abiertas.

A partir del día 24 de enero se sentará de nuevo en el banquillo de los acusados por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

El magistrado fue suspendido de su cargo en la Audiencia Nacional española en mayo de 2010 por estos procesos.

En la actualidad, es asesor del fiscal de la Corte Penal Internacional y consultor externo en la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de apoyo al proceso de paz en Colombia.

El pasado 6 de julio fue elegido miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa.

Su enjuiciamiento ha abierto un gran debate en España y es seguido con gran expectación tanto por medios nacionales como internacionales.