El Consejo de Ministros de Perú aprobó hoy un proyecto de ley para impedir que organizaciones que promueven actitudes violentas y pretenden socavar la democracia, en alusión a una organización vinculada a la banda armada Sendero Luminoso, puedan inscribirse como partidos políticos, según anunció el ministro de Justicia, Juan José Jiménez.

"Esta propuesta normativa esperamos que el Congreso la apruebe de manera urgente, porque no es posible que tengamos la posibilidad siquiera de que la democracia en el Perú esté en peligro por el ingreso de personas violentistas al sistema político", dijo Jiménez en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El proyecto de ley, que había sido anunciado hace unos días por el ministro, busca impedir la inscripción como partido político del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), una organización formada por los exabogados del apresado fundador de la banda armada Sendero, Luminoso Abimael Guzmán, cuya excarcelación reclaman.

La solicitud de inscripción ya fue presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones y Jiménez aclaró que la norma se aplicará también a los pedidos en trámite, como el de Movadef.

Los integrantes de Movadef solicitan además la amnistía general para los civiles, militares y policías que participaron de la guerra interna que vivió Perú entre 1980 y 2000, como una forma de obtener una "reconciliación general".

El ministro de Justicia informó que también se aprobó hoy un decreto supremo que establece la imposibilidad de otorgar libertades por redención de pena en los casos de corrupción, terrorismo, y otros delitos graves cuando no se cumpla con el pago de la reparación civil.

"Los terroristas le deben al Perú 3.980 millones de soles (1.474 millones de dólares) y las personas condenadas por corrupción le deben al Estado 983 millones de soles (364 millones de dólares), de los cuales sólo en este último caso se han cobrado seis millones de soles (dos millones de dólares), es decir, apenas el 0,6 %", indicó Jiménez.

"Esta es una situación indignante que el Gobierno quiere alertar y hemos dado instrucciones a los procuradores públicos para que comencemos a cobrar estos montos", agregó el ministro.

El Gobierno peruano se quejó en diciembre pasado de las autorizaciones judiciales dadas a los condenados por terrorismo Lori Berenson y Lautaro Mellado para viajar a Estados Unidos y Chile, respectivamente, a pesar de que aún no cumplen con la totalidad de sus sentencias ni con el pago de las reparaciones.

Jiménez agregó que también ha planteado que se pida una certificación psicológica para determinar que un sentenciado que ha cumplido su condena está rehabilitado y en condiciones de salir en libertad.