Un hombre deportado de la costa de Nueva Jersey por tener dos hijos con una menor de 15 años intenta anular su condena mediante una llamada a la corte desde un teléfono público en México.

La Corte Suprema de Nueva Jersey pronto decidirá si se lo permiten o no.

Los magistrados escucharon el miércoles los argumentos sobre los esfuerzos de Juan Pablo Santos, que quiere anular su condena de 2008 por poner a menores en peligro. Santos asegura que su anterior abogado no le informó que al declararse culpable del delito automáticamente sería deportado.

Ahora Santos, de 29 años, pide al tribunal que le permita testificar desde un teléfono público en una comunidad mexicana sin especificar. A causa de su condena penal, el ex residente de Lakewood no puede regresar a Estados Unidos para comparecer ante el tribunal a fin de intentar que se revoque la condena en razón a que recibió asesoría legal inadecuada, según su abogada, Ubel Vélez.

"El no era ilegal", le dijo al alto tribunal. "Esta condena obligó a este acusado a ser deportado. Queremos que este tribunal establezca el procedimiento para que un acusado en México, en Haití o en Tanzania declare desde un teléfono público desde lugares remotos".

Pero la Oficina del Fiscal del Condado de Ocean se opone a la petición, pues señala que necesita que el acusado este físicamente presente en el tribunal para que el juez y los fiscales puedan evaluar su credibilidad. Eso incluye mirarlo a los ojos, observar su lenguaje corporal y su comportamiento en general, todas cosas que son imposibles de hacer por teléfono. También sería imposible verificar que la persona que habla en realidad sea Santos, sostienen los fiscales.

"Alguien de este lado tendría que identificarlo como el acusado", dijo el juez Barry Albin. "Tome eso como un hecho".

El fiscal auxiliar supervisor Samuel Marzarella le dijo a los jueces que Santos puede intentar conseguir que un tribunal federal le otorgue un permiso especial para regresar a Estados Unidos a fin de comparecer ante la corte. Pero la fiscalía no estará de acuerdo con el testimonio telefónico, ya que socavaría normas jurídicas largamente establecidas, y privaría a la víctima de su derecho a confrontar a los testigos en el tribunal.

Santos se metió en problemas con la justicia en 2005, cuando la policía fue a su hogar en Lakewood y lo encontró en la cama con una adolescente. Su abogada dijo que Santos tenía 22 años en ese momento. La muchacha, a quien Santos describe como su concubina, tenía 15.

Varios de los jueces parecían reacios a permitir el testimonio telefónico, y en su lugar sugirieron que Santos testificara a través de un enlace de vídeo desde una embajada estadounidense o una oficina gubernamental mexicana.

___

Wayne Parry está en Twitter como http://twitter.com/WayneParryAC