La fiscal chilena que investigó la responsabilidad en la falta de alerta de un devastador tsunami en febrero de 2010 dijo el miércoles que los inculpados serán funcionarios de un organismo naval y de la oficina de emergencia del gobierno, descartando virtualmente la responsabilidad de autoridades del gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet.

"Existen antecedentes que nos dan cuenta de que efectivamente se cometieron errores que tipifican delito culposo y que las decisiones técnicas debieron haber sido otras", señaló la fiscal Solange Huerta a radio Cooperativa.

Dijo que la imputación ante un tribunal que hará próximamente, entre febrero y marzo, será por responsabilidad en incumplimiento de reglamentos.

"Chile merece saber lo que pasó", dijo Huerta.

Agregó que la confirmación del maremoto se produjo cuando ya el fenómeno había arrasado muchas localidades costeras del centro sur del país la madrugada del 27 de febrero.

El servicio hidrográfico y oceanográfico de la armada, encargado de entregar la alerta a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) dio versiones confusas y contradictorias al organismo estatal, lo que impidió alertar a las poblaciones costeras. Y autoridades de gobierno, basadas en esa información técnica, llamaron a la tranquilidad por cuanto no existían antecedentes para presumir un tsunami, mientras devastadoras olas destruían localidades costeras.

El sismo y posterior tsunami dejaron un saldo de 525 víctimas y 125 desaparecidos. Los daños fueron calculados por el gobierno que asumió a los pocos días de la tragedia en 30.000 millones de dólares.

Entre las autoridades a las que la fiscal Huerta tomó declaraciones en carácter de imputados estuvieron algunos políticos. También formuló declaraciones la ex presidenta Bachelet (2006-2010).

Pero Huerta precisó que "eso no significa que todos ellos vayan a ser formalizados".

Destacó que en su larga investigación de casi dos años "lo que hicimos fue reconstruir la bitácora de la situación". Apuntó que la investigación fue "extremadamente compleja".

El ex ministro de Defensa de Bachelet, Francisco Vidal, manifestó tras conocer el anuncio de la fiscal que "tengo tranquila mi conciencia y con la convicción de que la presidenta Bachelet actuó muy bien".

Vídeos de la época mostraron cómo la mandataria insistía en confirmar la eventualidad de un tsunami y posteriormente demandó un helicóptero a la fuerza aérea para recorrer las zonas devastadas, lo que pudo hacer sólo tres horas después porque la institución no le proporcionó la nave.

La armada removió luego del maremoto al director de su servicio hidrográfico y oceanográfico.

A dos años del sismo y tsunami el país sigue mostrando las huellas del desastre. Pese a los 9.500 millones de dólares que el gobierno destinó a la reconstrucción, incluso dirigentes oficialistas han criticado los trabajos de reparación. Un alcalde capitalino derechista, en cuya comuna fueron afectados varios edificios, fustigó la incapacidad de las autoridades para otorgar los recursos y reparar las viviendas de sectores medios.