Los dirigentes universitarios chilenos, que el 2011 fueron los protagonistas de la política chilena con protestas que se extendieron por siete meses, iniciarán el 2012 con una manifestación contra una ley del gobierno que consideran criminaliza las ocupaciones ilegales y permiten incautar el material de prensa sin orden judicial.

La ley ingresó al Congreso en septiembre pasado, fue recientemente aprobada por una comisión de la Cámara de Diputados, y está a punto de ser sometida a votación en la sala.

Gabriel Boric, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocero de la organización que reúne a los 39 dirigentes universitarios de las universidades estatales, dijo que "lo que hace este proyecto de ley es criminalizar prácticamente todas las formas de movilización que nos dimos como estudiantes el año pasado".

En rueda de prensa con corresponsales de la prensa internacional Boric llamó a los estudiantes y a la ciudadanía a protestar contra el proyecto del gobierno del presidente Sebastián Piñera el próximo jueves, en el frontis de la Corte Suprema.

El proyecto de fortalecimiento del orden público o ley Hinzpeter, apellido del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que se ha jugado por su aprobación, criminaliza y sanciona incluso con cárcel las manifestaciones violentas, las tomas de universidades, escuelas, hospitales, calles, y los desórdenes callejeros, especialmente los protagonizados por personas con su rostro cubierto.

Las penas van desde 541 días a tres años de presidio.

Además, faculta a las policías para incautar, sin orden judicial, el material gráfico y audiovisual de la prensa que, según la autoridad, pueda contener imágenes que ayuden a ubicar a los promotores de los desordenes. De aprobarse, la ley permitirá un virtual allanamiento de las oficinas periodísticas.

El proyecto busca entregar mayores facultades a las policías "para que éstas puedan solicitar la entrega voluntaria de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del fiscal".

Boric calificó de "inaceptable" la normativa y convocó a los parlamentarios "a no dar curso a esta ley y, todo lo contrario, a fortalecer la libertad de expresión en Chile, a fortalecer el derecho de los periodistas a informar, el derecho de la gente a manifestarse, por lo que consideramos son demandas legítimas".

Las Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional rechaza el artículo que atañe a la prensa y se lo ha comunicado tanto a personeros del gobierno como del congreso.

Boric señaló que el tema de la "Ley Hinzpeter" fue analizado por el movimiento universitario y que "está dentro de nuestra agenda, la rechazamos categóricamente y creemos que el ministro Hinzpeter hoy constituye un escollo a la libertad de expresión en Chile, un escollo a la solución de nuestros problemas...".

Los dirigentes universitarios y secundarios se movilizaron el 2011 por una educación gratuita y de calidad, el fin al lucro en las escuelas y universidades que reciben aportes estatales y el retorno de la administración de los colegios al Estado.

Pese a los siete meses de movilizaciones, obtuvieron un mínimo en comparación a la magnitud de sus demandas, por lo que se aprontan a reanudar sus protestas este año, aunque modificarán sus modos de manifestarse y se proponen elaborar alternativas de soluciones para cada situación del modelo educacional libremercadista que rechazan.