Más de un millar de "indignados", vinculados al movimiento "Occupy", se manifestó hoy ante el Congreso de EE.UU. para demostrar la vigencia de sus protestas y congregar a participantes procedentes de varias ciudades del país.

La acción, acompañada de discursos y talleres, pretende demostrar que el movimiento "Occupy" conserva todavía un fuerte apoyo de la sociedad estadounidense y remarcar que el Congreso se ha distanciado de los ciudadanos, explicaron los promotores de la protesta.

"El Congreso está muy desvinculado de la sociedad, los que protestamos aquí ahora mismo somos los representantes reales de este país, venimos de varios estados", declaró a Efe William Garrels, llegado a Washington desde California para manifestarse junto a otros trece miembros de "Occupy San Diego".

Tras las denuncias de los excesos de Wall Street, el movimiento no vive ajeno a la carrera presidencial estadounidense y busca dar a partir de ahora un rumbo más político a sus mensajes.

Uno de los manifestantes, Ross Levin, vinculado a las protestas desde que se iniciaron el pasado octubre, subrayó que "en Wall Street se destacaban más los problemas económicos directamente, mientras que ahora se habla más de cómo estos afectan al sistema político y lo corrompen".

En este sentido, la protesta también busca tener "una vocación global", según los organizadores, que consideran las decisiones que se toman en el Congreso estadounidense tienen efectos a escala mundial y aseguran que responden a las voluntades de grandes corporaciones y grupos de presión.

Controlada por decenas de agentes de la policía del Congreso, la explanada ante el ala oeste de la institución congregó hoy a centenares de "indignados" de todas las edades, desde grupos organizados de estudiantes a espontáneos jubilados.

"La mayoría de gente de este país no tiene trabajo, ni esperanza, ni futuro -lamentó a Efe un jubilado, Tim Goldsmith-, ésta no es la América en la que nací y quiero volver a dónde estábamos".

El movimiento cuenta con dos campamentos en Washington desde octubre, aunque el alcalde de la ciudad pidió la semana pasada a las autoridades federales que al menos uno fuera desalojado por razones de higiene, sanidad pública y seguridad.