Un grupo de civiles y militares serán acusados judicialmente por no alertar el tsunami que asoló la costa del centro sur chileno después del terremoto de febrero de 2010.

La fiscal Solange Huerta informó el martes que solicitó una audiencia para acusar a "varias personas" por su responsabilidad en la presunta negligencia. La investigación judicial determinó que murieron 156 personas y 25 más desaparecieron sólo por causa del tsunami.

"La decisión de formalizar está tomada. Hemos definido un núcleo de personas que serán formalizadas y citaremos la audiencia en el mes de febrero. Probablemente a finales de febrero", precisó la fiscal quien, sin embargo, declinó identificar a quienes acusará. Se presume que será al jefe o funcionarios del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, responsable de anticipar los tsunamis, y a personal de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, que debió haber alertado a la población.

El terremoto de magnitud 8,8 del 27 de febrero de 2010 y el tsunami que lo siguió mató a más de medio millar de personas y causó daños de infraestructura por unos 30.000 millones de dólares, según cifras oficiales.